El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien encabezaba la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, fue encontrado sin vida el lunes 8 de septiembre. Su nombre figuraba en la investigación sobre una red de contrabando de hidrocarburos en Tamaulipas, aunque no se había emitido orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el testimonio de un exfuncionario aduanal que colabora con la Fiscalía General de la República, Pérez Ramírez habría recibido pagos de 100 mil pesos por cada embarcación involucrada en el esquema de evasión fiscal. El testigo, identificado como “Santo”, declaró haber distribuido más de 24 millones de pesos entre personal naval y aduanal para facilitar el ingreso irregular de diésel al país.

La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento del capitán y expresó su solidaridad con la familia, asegurando que colaborará en el esclarecimiento de los hechos. La institución reiteró su compromiso con la legalidad y ofreció los apoyos correspondientes conforme a la normativa vigente.

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso como parte de una investigación más amplia sobre prácticas ilícitas en el sector energético. Confirmó que el gobierno federal continuará con las indagatorias y que no habrá excepciones en la aplicación de la ley. “Cero impunidad”, afirmó, al referirse a los permisos temporales utilizados para introducir combustible sin pagar impuestos.

La operación, que involucra a 14 personas detenidas hasta ahora, se originó tras el arribo de un buque al puerto de Tampico con carga declarada como no combustible, pero que en realidad contenía diésel. La mandataria explicó que este tipo de maniobras se asemejan a otros esquemas de evasión detectados en sectores como el comercio de mercancías con permisos temporales.