Empresa inversora en Tamaulipas denunció ante la Contraloría Gubernamental del Estado a Karina Lizeth Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), por presunto abuso de autoridad, al obstaculizar entrega de boletas de pago para la construcción de obra en el sur de la entidad.

Con base al documento de denuncia interpuesto el 26 de febrero del presente, el representante legal de la empresa Desarrollo Jigasa, S.A. de C.V., detalló las acciones por las cuales denunció a la titular de Seduma y a los servidores públicos que resulten responsables “por abuso de autoridad y las conductas que resulten”.

De acuerdo a los hechos del denunciante, el 14 de junio de 2024 se emitió a favor de la empresa un subsidió del 95 por ciento que aprobó la Secretaría de Economía, para que se inicie la construcción de un parque industrial en el municipio de Altamira.

“Se emitió en favor de mi representado el oficio SE/0802/2024, signado por el secretario Técnico de la Secretaría de Economía, mediante el cual se nos informa que el Comité de Incentivos del Estado de Tamaulipas, en su primer sesión celebrada el 18 de abril de 2024, aprobó un subsidio del 95 por ciento en pago de derechos ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”.

Según los pasos de este proceso, al ser aprobado el incentivo posteriormente la secretaria de Seduma debería proceder a la emisión de la boleta de pago por la cantidad que resulte después de aplicarse el descuento concedido por la autoridad antes mencionada. 

La detención de la entrega de la boleta que fue aprobada hace ocho meses, imposibilita a la empresa a proceder el pago de derechos ante la Secretaría de Finanzas.

“A la fecha 13 de diciembre de 2024, la funcionaria pública se ha negado a emitir el pase o boleta de pago. Por comunicaciones extraoficiales se nos ha indicado que la secretaria Karina Lizeth Saldívar Lartigue se ha negado a entregar la boleta de pago porque está en desacuerdo con el subsidio emitido por el Comité de Incentivos, lo que excede de sus atribuciones, constituyendo un abuso de autoridad”, señaló en la denuncia el representante de la empresa. 

En ese sentido los empresarios solicitaron a la Contraloría del Estado, investiguen los hechos y conductas, en caso de identificar faltas en el proceso, exigen a esta autoridad, apliquen las sanciones administrativas que resulten.