La herencia de opacidad financiera en el sector salud durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca continúa arrojando facturas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Contraloría Gubernamental) determinó la inhabilitación por ocho meses de Pablo David Castro Camargo, exdirector de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud estatal, tras comprobarse un manejo irregular del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) durante el ejercicio fiscal 2021.

Las indagatorias, respaldadas por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelan un presunto daño a la hacienda pública que asciende a 195 millones 533 mil 900 pesos. El modus operandi administrativo incluyó el reintegro extemporáneo de fondos federales no ejercidos y un hoyo negro en la comprobación del gasto corriente. Los reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) evidencian que, bajo la gestión de Castro Camargo, la dependencia fue incapaz de acreditar el pago total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en materia de sueldos, dejando en el limbo financiero diversas pólizas de fondeo y dispersión de nómina.

A la danza de los millones no justificados se suma la desaparición documental de bienes y servicios básicos. Las autoridades detectaron que el gobierno anterior no aclaró el destino de recursos etiquetados para materiales de laboratorio del programa de micobacteriosis, medicamentos para vacunación universal y equipo dental. Tampoco existe documentación que ampare la entrega real de bienes pactados en contratos millonarios, confirmando que la crisis hospitalaria en el estado corrió paralela a un saqueo sistemático de los fondos de salud.

La red de sanciones administrativas también ha alcanzado a otros exservidores públicos de la administración panista por ocultar sus bienes. Por incumplir con sus declaraciones patrimoniales de conclusión, recibieron inhabilitaciones temporales Nelia Amaranda Torres León (Comunicación Social), María Teresa Guerra Cortázar (DIF Tamaulipas) y Félix Cuéllar Mercado (Itavu Río Bravo), mientras que en la Secretaría de Educación se emitió una amonestación privada, confirmando un patrón de evasión a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el cierre del sexenio anterior.