Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Verónica Adriana Aguirre de los Santos, actual alcaldesa de San Fernando, fue la funcionaria que solicitó por escrito y justificó la adjudicación directa de un contrato por 541 millones 540 mil 075 pesos para la compra de despensas cuando se desempeñaba como secretaria de Bienestar de Tamaulipas.

En el mismo documento oficial, la exsecretaria certificó que la empresa elegida —registrada originalmente para la venta de equipo médico— “reúne las condiciones, requisitos y estructura de almacenamiento más viables”, dando fe de una capacidad logística que contradice el objeto social del proveedor.

El documento probatorio

La petición y el aval quedaron documentados en el oficio SEBIEN/0231/2023, fechado el 7 de febrero de 2023 y dirigido a Jesús Lavín Verástegui, en ese momento secretario de Administración y presidente del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales.

En el texto, Aguirre de los Santos solicitó otorgar de forma directa a Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. (identificado como el proveedor 512163) el suministro de 1 millón 708 mil 490 despensas para los 43 municipios del estado. La entonces funcionaria detalló que las entregas serían bimestrales y empacadas en cajas con los logotipos del programa “Alimentando tu Bienestar”.

La ruta exprés y el riesgo de 162 millones

Para evadir la licitación pública, la ex titular de Bienestar fundamentó su petición en el artículo 65, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones del Estado, apartado relativo a la compra de bienes perecederos y alimentos. Para justificar la urgencia, citó datos del Censo de Población 2020 sobre carencia alimentaria.

Junto con la adjudicación, Aguirre solicitó que se le liberara a la empresa un anticipo del 30 por ciento del total del contrato. Esto representaba un desembolso inmediato de 162 millones 462 mil 022 pesos de recursos estatales (partida 44101 de Subsidios y Apoyos Sociales a Personas).

La contradicción legal

El punto más crítico del oficio es la certificación expresa de la entonces secretaria. Al avalar que la empresa contaba con la estructura para manejar 1.7 millones de despensas, contravino el espíritu del artículo 66 de la misma Ley de Adquisiciones. Dicho artículo exige que en las compras directas se invite a proveedores cuyas actividades comerciales estén directamente relacionadas con los bienes requeridos y que demuestren capacidad técnica y financiera.

Hoy, con el contrato cancelado y un litigio en curso interpuesto por el proveedor, Aguirre de los Santos despacha como presidenta municipal, mientras la actual titular de Bienestar, Silvia Casas González, ha deslindado a su dependencia señalando que el conflicto legal está en manos de la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.