La justicia estadounidense ha lanzado el dardo legal más devastador contra la clase política mexicana en lo que va del sexenio. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este miércoles una acusación formal por narcotráfico y uso de armas de fuego contra el actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y nueve altos funcionarios y exmandos de su círculo político y de seguridad. El Departamento de Justicia sostiene que la cúpula gubernamental sinaloense operó como una extensión institucional del Cártel de Sinaloa, facilitando el envío masivo de narcóticos hacia Estados Unidos.

El expediente, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, desmenuza un presunto pacto fundacional entre el poder político y la facción conocida como “Los Chapitos”. Según la acusación de Washington, el grupo criminal intervino directamente en el proceso electoral de 2021 mediante secuestros y actos de coacción contra opositores para inclinar la balanza y garantizar la victoria en las urnas del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A cambio de este respaldo electoral, las autoridades norteamericanas aseguran que Rocha Moya sostuvo reuniones con el cártel y entregó el control territorial de la entidad, garantizando protección e impunidad total para la distribución internacional de drogas.

Gabinete y fiscales al servicio del cártel La red de complicidad delineada por Nueva York abarca los pilares de la administración estatal, la procuración de justicia y la seguridad de la capital. En la lista de coacusados por el gobierno de Estados Unidos figuran perfiles del más alto nivel de la Cuarta Transformación en la entidad:

• Enrique Inzunza Cázarez: Exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.

• Juan de Dios Gámez Mendívil: Actual alcalde de Culiacán.

• Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.

• Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública del estado.

• Dámaso Castro Zaavedra: Subfiscal General de la entidad.

El documento judicial expone un nivel de infiltración criminal que trasciende el soborno pasivo, acusando a los mandos de seguridad estatales de convertirse en un brazo armado oficial. Se señala que agentes y mandos como Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras (alias ‘Cholo’), José Antonio Dionisio Hipólito (alias ‘Tornado’) y el excomandante Juan Valenzuela Millán (alias ‘Juanito’) abusaron de su autoridad para exponer a víctimas a la violencia del cártel.

Sobre Valenzuela Millán, el expediente detalla una imputación de extrema gravedad: su participación directa en el secuestro y posterior asesinato de una fuente confidencial de la agencia antidrogas (DEA) y de un familiar suyo. Washington sostiene que las instituciones de Sinaloa fueron utilizadas para ejecutar venganzas y cazar a individuos sospechosos de colaborar con las autoridades estadounidenses.

A pesar de la magnitud de los señalamientos que hoy colocan a las instituciones de Sinaloa frente a los tribunales de Nueva York, hasta el momento ni el mandatario estatal ni las autoridades federales en Palacio Nacional han emitido un posicionamiento oficial respecto a la acusación.