A escasos días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la contención de la protesta social se ha convertido en la prioridad del Estado. Este lunes, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron la implementación de un operativo de seguridad desproporcionado diseñado para criminalizarlos y bloquear su ingreso a la Ciudad de México, donde pretendían sumar fuerzas con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Tras lograr avanzar hasta el Antimonumento a los 43 en Paseo de la Reforma, los padres y madres de los estudiantes lanzaron una dura crítica contra la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acusando un estancamiento institucional y la destrucción de los avances previos.

“Están haciendo un puerquero con las líneas de investigación que dejaron los expertos. Ya no podemos pedirles más líneas porque no las tienen”, sentenció Mario González, padre de uno de los normalistas, aludiendo a la negativa gubernamental de transparentar los archivos del Ejército Mexicano y al rechazo de reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Criminalización y retención en la caseta de Tlalpan La jornada de los manifestantes se vio interrumpida de manera abrupta en la caseta de Tlalpan. Isidoro Vicario, representante legal de los familiares, detalló que el contingente fue retenido por fuerzas de seguridad durante más de cinco horas bajo el argumento de inspeccionar las unidades.

Durante el bloqueo, autoridades intentaron justificar la retención alegando que los normalistas transportaban artefactos explosivos en los autobuses, una afirmación que fue categóricamente rechazada por las madres de familia. “Nos querían sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye”, advirtió la señora María de Jesús. “Pensaban que traíamos armas; por eso nos enojamos y les dijimos que nuestras únicas armas son las lonas. ¿Qué peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?”.

El Mundial no silenciará el caso La falta de respaldo y la indiferencia gubernamental han llevado al movimiento a lanzar un ultimátum a la Secretaría de Gobernación (Segob). Los familiares exigen la instalación de una mesa de diálogo resolutiva de alto nivel para el próximo 12 de junio, estratégicamente programada un día después del arranque oficial del Mundial en territorio nacional.