La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha transitado de la movilización sindical a la alteración sistemática del orden público. Al declarar que la cúpula magisterial “ya no está para el diálogo”, las diversas fracciones del sindicato orquestaron una jornada de bloqueos, extorsión vial y daños patrimoniales simultáneos en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Frente a esta escalada de violencia urbana, la respuesta del Gobierno Federal se ha limitado a emitir exhortos a la civilidad, evidenciando una parálisis institucional ante grupos de presión que operan flagrantemente al margen de la ley.

La anarquía en el corazón de la capital En la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma y el Circuito Interior fueron tomados como rehenes. Bajo la consigna de exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, contingentes magisteriales desataron el caos. El blanco de la violencia incluyó exhibiciones internacionales ligadas a la Copa Mundial de fútbol: figuras de cinco metros de altura fueron derribadas, despojadas de sus uniformes y quemadas en la vía pública con mensajes intimidatorios como “Si no hay solución, no rodará el balón”.

El hartazgo de la ciudadanía, que absorbe diariamente el costo económico y logístico de estas movilizaciones, contrasta con la pasividad de los cuerpos de seguridad. Mike, un conductor del sector logístico que quedó inmovilizado por más de tres horas en el cruce de Reforma, resume el sentir de los afectados: “Destruyen propiedad pública, secuestran la vialidad y la única respuesta de la autoridad es pedirles por favor que no lo hagan. Quienes pagamos impuestos somos los que terminamos perdiendo nuestras garantías fundamentales”.

La negación desde Palacio Nacional y la fractura narrativa Mientras la capital sufría los estragos del bloqueo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la autoría de los destrozos. Durante su intervención en Palacio Nacional, argumentó: “No creo que sean maestros quienes generaron la provocación”.

Sin embargo, esta postura oficial —diseñada para deslindar al magisterio disidente de sus tácticas de coacción— fue desmentida casi de inmediato por los propios manifestantes, quienes reivindicaron los actos. “Si Sheinbaum llama crimen a tumbar unas estatuas, ¿cómo le llamará a quitarnos derechos a nosotros? Debemos ser congruentes”, retó públicamente uno de los docentes movilizados, exhibiendo la contradicción del discurso oficial.

Daño patrimonial y extorsión institucionalizada en los estados La inacción gubernamental ha generado un efecto dominó, permitiendo que la radicalización se extienda sin consecuencias legales por el interior del país:

• Guerrero: Escudándose en supuestas represalias por maestros lesionados en marchas previas, grupos armados con mazos y martillos irrumpieron en el estacionamiento del Congreso estatal en Chilpancingo. El saldo fue la destrucción de al menos una docena de vehículos. A la par, estudiantes de la normal de Ayotzinapa secuestraron cinco autobuses de pasajeros en la Autopista del Sol.

• Oaxaca: La Sección 22 impuso un cerco económico en el segundo día de su huelga nacional, paralizando la actividad comercial al bloquear de manera coordinada los accesos a siete plazas comerciales en la zona metropolitana.

• Chiapas: La Sección 7 tomó el control de las casetas de peaje en las rutas de Chiapa de Corzo, Ocozocoautla y Arriaga. Ahí, implementaron un esquema de extorsión vial, exigiendo una cuota “voluntaria” obligatoria de 50 pesos a los automovilistas bajo la premisa de financiar el envío de más contingentes hacia la capital.

Mesas de concertación estériles De manera simultánea a los actos de vandalismo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, junto a los secretarios de Educación Pública (Mario Delgado) y del ISSSTE (Martí Batres), sostuvieron una reunión de cuatro horas con la dirigencia de la CNTE en el recinto de Bucareli. La mesa concluyó sin acuerdos.

Yeni Pérez, secretaria general de la Sección 22, recriminó la ausencia de la Presidenta y advirtió que exigen “respuestas puntuales” ante un pliego petitorio que el gobierno ya conoce. Por su parte, el gabinete federal se limitó a emitir un mensaje conjunto condenando la violencia y solicitando mantener los canales de comunicación abiertos para “evitar la afectación a la ciudadanía”.

A la luz de los hechos, la estrategia gubernamental de contención mediante el diálogo muestra signos de agotamiento y claudicación. La tolerancia sistemática hacia la destrucción del patrimonio y la obstrucción de las vías federales de comunicación plantea una interrogante ineludible sobre el ejercicio de la autoridad en México: cuando una cúpula sindical decide que “ya no está para el diálogo”, el Estado parece carecer de los mecanismos —o de la voluntad política— para aplicar la ley y garantizar la gobernabilidad.