La certeza jurídica del patrimonio inmobiliario en la zona conurbada del sur de Tamaulipas enfrenta una turbulencia inusual tras registrarse un repunte drástico en los litigios por viviendas y terrenos, situación que ha encendido las alertas en el Instituto Registral y Catastral de la entidad.

Thomás Rubio Zenil, director regional de la dependencia, reveló que entre diciembre de 2025 y enero del presente año se atendieron 144 solicitudes de información vinculadas directamente a procesos legales, una cifra que desborda el promedio habitual de apenas 20 escritos mensuales.

El pico más alarmante ocurrió en diciembre, cuando los requerimientos —provenientes de fiscalías, juzgados civiles, familiares y laborales— se dispararon un 490% con 118 peticiones, fenómeno atribuido en gran medida a conflictos por invasiones de predios en Altamira y Ciudad Madero, así como a la detección de duplicidad de fincas y fraudes derivados del crecimiento poblacional.

Ante este escenario, donde también se han detectado casos de usurpación de identidad facilitados por vacíos legales que aún no obligan a la verificación biométrica en trámites notariales, la autoridad instó a los propietarios a contratar el servicio de “alerta patrimonial”, una herramienta que por 352 pesos anuales notifica en tiempo real cualquier movimiento o consulta sobre su propiedad, permitiendo una reacción oportuna ante intentos de despojo en la oficina registral más grande del estado, que recauda hasta 12 millones de pesos mensuales.