¿Dónde quedó el seguro? Funcionarios bajo investigación por fraude millonario

El exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N”, enfrenta medidas cautelares por su presunta participación en un esquema de contratación irregular de seguros de vida en 2020. Un juez le prohibió salir del país, le exigió entregar su pasaporte, presentarse cada mes ante la UMECA Altamira y pagar una garantía de $500,000 mientras se define su situación legal.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó su vinculación a proceso por “uso ilícito de atribuciones y facultades”. La defensa pidió duplicar el plazo constitucional para responder, por lo que la resolución se emitirá tras 148 horas.

Según la investigación, en enero de 2020 el funcionario autorizó contratar seguros de vida para personal de Salud sin licitación pública, a pesar de que el monto —$5,867,184— lo requería por ley. El contrato se formalizó al día siguiente y el pago se completó en abril de ese mismo año.

Un patrón que se repite

La Fiscalía detectó que este esquema no fue aislado. También se aplicó en la Secretaría de Seguridad Pública, donde se adjudicaron pólizas a la misma empresa intermediaria: Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas. En ambos casos, los seguros no fueron pagados a los beneficiarios.

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que los expedientes están por judicializarse y que se investiga una red de contrataciones irregulares durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

¿Qué pasó con las pólizas?

Durante la pandemia, la demanda de indemnizaciones por fallecimientos aumentó, especialmente entre trabajadores del sector salud. Sin embargo, cuando los familiares intentaron cobrar los seguros, la empresa no respondió. Los propietarios, Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M”, están prófugos y enfrentan órdenes de aprehensión por fraude.

Además de Salud y Seguridad Pública, la Secretaría de Educación también contrató a esta aseguradora. Hasta ahora, no se ha revelado cuántos trabajadores fueron afectados ni el monto total del posible desfalco.

La Fiscalía confirmó que hay más carpetas de investigación abiertas por hechos similares entre 2019 y 2021. Aunque la empresa tenía “alertas” previas, fue contratada sin verificar si cumplía con los requisitos necesarios, más allá de estar registrada en el Registro Público del Comercio.