Con un capital social mínimo y un domicilio fiscal que coincide con un consultorio dental, una empresa dedicada a la venta de equipo médico obtuvo, por adjudicación directa, un contrato de 541 millones 540 mil 075 pesos para surtir despensas al Gobierno de Tamaulipas.

Una empresa de giro médico

De acuerdo con los registros oficiales, la actividad económica de la empresa (RFC GED170120UL4) en el padrón de proveedores de 2022 se limitaba a: “equipo e instrumental médico, equipo médico, material de curación, medicamento y eventos”. No existía ninguna clave o rubro relacionado con la industria alimentaria o el armado de despensas logísticas a gran escala.

Para el ejercicio 2023 —año en que se le otorgó el megacontrato de 541 millones de pesos—, la compañía desapareció misteriosamente de la lista de proveedores registrados del estado.

El consultorio y los socios

El acta constitutiva de Dalka, inscrita en 2017, describe un objeto social estrictamente clínico: compraventa de equipo médico para hospitales, clínicas y laboratorios, así como servicio de ambulancias terrestres y aéreas.

La sociedad está dividida a partes iguales de 50 por ciento entre Israel Alejandro Valdez Sánchez y un socio más. El primero cuenta con registro profesional como odontólogo. El rastro de la empresa lleva a la calle Olivia Ramírez 1443, en Ciudad Victoria, dirección fiscal que corresponde exactamente a las instalaciones de la clínica dental del administrador.

Despensas a ciegas: 316 pesos por caja

El contrato millonario se originó bajo el artículo 65, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones de Tamaulipas, gestionado sin licitación por la entonces secretaria de Bienestar, Verónica Aguirre de los Santos.

Conforme a la volumetría del oficio original, el gobierno pagaría 316.97 pesos (sin IVA) por cada una de las 1 millón 708 mil 490 despensas. Sin embargo, en la documentación que avaló la compra no se incluyó ningún anexo o desglose técnico de los productos, gramajes o marcas que integraban cada caja para justificar dicho costo unitario.

Litigio en curso

La adjudicación pasó por alto el artículo 66 de la ley estatal, que obliga a que los proveedores invitados a un procedimiento directo tengan actividades comerciales afines al producto requerido y solvencia técnica. Tras diversas situaciones irregulares el gobierno canceló el contrato, lo que detonó una demanda por parte del proveedor médico contra la administración estatal, litigo que se mantiene a la fecha y que ha tomado relevancia en el escenario nacional ante entrevistas que ha dado el representante y accionista de la empresa Dalka.