La disparidad entre los registros del INEGI y el Secretariado Ejecutivo evidencia un subregistro oficial en la contabilización de muertes violentas en el país.

El balance de seguridad vuelve a poner sobre la mesa la histórica divergencia en la medición de la violencia letal. Las cifras sobre homicidios dolosos correspondientes a 2025 muestran una brecha significativa entre los expedientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mientras la dependencia de seguridad basa su conteo en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, el órgano autónomo fundamenta su base de datos en los certificados de defunción, arrojando sistemáticamente un volumen mayor de víctimas.

Esta asimetría metodológica trasciende el debate técnico y repercute directamente en el diseño de la política criminal. Depender exclusivamente de los reportes de las fiscalías —sistemas frecuentemente saturados y susceptibles a reclasificaciones de delitos— genera un subregistro que distorsiona el mapeo delictivo nacional. Al omitir el cruce con los datos forenses y de salud pública que procesa el INEGI, las autoridades operan sobre un diagnóstico incompleto de la crisis de inseguridad.

Ante este panorama, especialistas en prevención del delito y auditoría pública urgen a establecer un mecanismo de consolidación de datos. La existencia de dos realidades numéricas paralelas facilita que los gobiernos locales puedan maquillar su incidencia criminal. Homologar los criterios de registro se perfila como un paso indispensable para garantizar la transparencia institucional y estructurar estrategias de contención apegadas a la realidad operativa del territorio.