La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas (SOP), encabezada por Pedro Cepeda Anaya, enfrenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el presunto mal manejo de recursos federales del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2024.

De acuerdo con el Informe de Auditoría 1869 de la Cuenta Pública 2024, el órgano fiscalizador federal emitió un pliego de observaciones por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 8 millones 172 mil 193 pesos, más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Obras inconclusas y pagos no devengados

Durante inspecciones físicas a cinco proyectos, la ASF constató que las obras se encuentran inconclusas, sin operar y con diferencias en volúmenes pagados no devengados, es decir, se pagó por trabajos que no fueron ejecutados.

Los proyectos señalados son:

* Rehabilitación de red de agua potable en Calle Manuel Palafox, Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Tampico.

* Rehabilitación en planta potabilizadora La Puerta e interconexión de tanques de almacenamiento, Colonia Luis Donaldo Colosio, Tampico.

* Construcción de subestaciones eléctricas en planteles educativos de Matamoros y Río Bravo.

* Construcción de techumbre y rehabilitación de canchas en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, Cd. Victoria.

 

Omisión de sanciones a contratistas

El máximo órgano fiscalizador del país también señaló que la SOP no aplicó las penas convencionales previstas en los contratos por los atrasos en la ejecución de las obras, sanciones que son imputables a los contratistas y que debieron cobrarse conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tamaulipas.
En particular, la ASF presume un probable daño adicional por 2 millones 505 mil 525 pesos por esta omisión, lo que agrava el impacto financiero detectado.

Consecuencias legales y administrativas

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un pago no devengado no solo constituye una irregularidad contable: en su máxima consecuencia puede derivar en un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal, obligando al reintegro de los recursos más intereses.

Además, los servidores públicos involucrados pueden enfrentar responsabilidades administrativas graves(destitución, sanciones económicas e inhabilitación), y si se acredita dolo o desvío, incluso procesos penales por peculado o uso indebido de recursos públicos, con penas que incluyen multas elevadas y prisión.