La Presidencia hizo públicos los documentos que sustentan el reclamo del SAT contra las empresas de Grupo Salinas, escalando el conflicto entre el Ejecutivo y el magnate.

La confrontación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego alcanzó un punto crítico luego de que la Presidencia de la República decidiera hacer público el expediente completo sobre los presuntos adeudos fiscales de las compañías de Grupo Salinas. A través de un sitio web gubernamental, la administración federal liberó cientos de documentos que, aseguran, comprueban la falta de pago de impuestos por un monto que supera los 63 mil millones de pesos.

Esta medida inédita responde a la instrucción girada por el mandatario durante su conferencia matutina, donde argumentó que la transparencia es necesaria para que la ciudadanía, contadores y abogados puedan analizar las pruebas y formar su propio criterio sobre el caso. El gobierno sostiene que gran parte de esta deuda se originó en sexenios anteriores mediante el esquema de consolidación fiscal, una figura que ya fue eliminada, y acusa al empresario de utilizar tácticas dilatorias en el Poder Judicial para evitar el cobro.

El expediente, titulado “Expediente Grupo Salinas”, desglosa paso a paso los litigios y los cálculos realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según la autoridad fiscal, el monto original ha crecido considerablemente debido a actualizaciones y recargos acumulados durante los años que ha durado el proceso legal. El presidente López Obrador ha insistido en que no se trata de un pleito personal ni de un acto de censura, sino de aplicar la ley sin privilegios, asegurando que permitir la condonación de estos recursos sería un acto de corrupción.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego ha mantenido una defensa agresiva, principalmente a través de redes sociales y sus espacios televisivos. El dueño de TV Azteca ha calificado las acciones del SAT como una extorsión y ha denunciado lo que considera una persecución política derivada de la línea editorial crítica de sus noticieros. El empresario asegura que sus empresas cumplen con la ley y que los cobros que pretende realizar el gobierno son arbitrarios e ilegales.

La publicación de estos documentos pone presión directa sobre el Poder Judicial, instancia que tiene la última palabra sobre el destino de estos créditos fiscales. Mientras el gobierno federal urge a los magistrados a resolver el caso antes de que concluya el sexenio, la defensa legal de Grupo Salinas continúa agotando los recursos disponibles, manteniendo en vilo uno de los cobros fiscales más grandes y mediáticos en la historia reciente de México.