Mientras Luis Gerardo Illoldi Reyes se mantiene en funciones y percibe su sueldo bruto como Secretario del Trabajo estatal, la denuncia penal que cuestiona el origen de su patrimonio inmobiliario y el de su familia cumple un año sin avances resolutivos. A doce meses de ingresar a la Fiscalía Anticorrupción, el expediente permanece en etapa de integración, sin que se haya emitido actos de investigación que definan la situación jurídica del funcionario.

El expediente, recibido en la Oficialía de Partes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) el 28 de mayo de 2025, coincide con el reciente relevo en la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, instancia responsable de confirmar o descartar las inconsistencias patrimoniales señaladas.

Hasta la fecha, la representación social no ha emitido un pronunciamiento formal, por lo que el servidor público mantiene a salvo su presunción de inocencia.

Las diligencias pendientes

La denuncia de hechos, promovida por Liliana Ayme Castillo Isas, establece que el patrimonio inmobiliario de Illoldi Reyes no correspondería a las percepciones económicas legítimas derivadas de sus cargos públicos.

Para verificar el dicho, la denunciante solicitó formalmente a la Fiscalía la ejecución de actos de investigación que continúan pendientes en el expediente:

• La compulsa de sus declaraciones patrimoniales ante los órganos de control interno.
• El requerimiento al Gobierno del Estado y Municipio de Victoria sobre el dinero recibido por concepto de sueldos y prestaciones.
• El desglose de ingresos y obligaciones fiscales ante el SAT durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Los bienes objeto de la investigación y las sociedades familiares

La indagatoria y los registros públicos documentan operaciones inmobiliarias realizadas durante el paso de Illoldi por diversas áreas de la administración pública local y estatal.

De acuerdo con el historial expuesto, se desempeñó como Secretario de Desarrollo Urbano municipal (octubre 2021 – septiembre 2022), Subsecretario de Egresos estatal (octubre 2022 – febrero 2024) y asumió la Secretaría del Trabajo el 31 de julio de 2024.

En ese marco temporal, se documentan las siguientes adquisiciones y asociaciones:

1. Propiedad en Zona Centro: Adquirida por Luis Gerardo Illoldi Reyes y registrada como la finca número 32518 del Municipio de Victoria. Es un inmueble de 1,040 metros cuadrados en la calle José María Morelos esquina con Pino Suárez. La denuncia señala que el valor de la operación en escritura se fijó en 2 millones 800 mil pesos.
2. Sociedad inmobiliaria en Los Olivos II y nexos: En el padrón catastral del municipio, el Secretario aparece como copropietario de un terreno de 10 mil metros cuadrados en el Fraccionamiento Agropecuario Los Olivos II, donde se registra una construcción en desarrollo.

El primo incómodo

Su socio al cincuenta por ciento en la manzana adquirida en Los Olivos II es su primo, Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez. El historial público de Rodríguez Tamez corre a la par del de Illoldi dentro de la Secretaría de Finanzas estatal: inició la administración como Director y subordinado directo de Luis Gerardo en la Subsecretaría de Egresos, bajo rumores de que él era quien realmente le hacía el trabajo.

A la salida de Illoldi hacia la Secretaría del Trabajo, Rodríguez Tamez ascendió a dicha subsecretaría vacante. Posteriormente, tras la renuncia forzada de la entonces titular de Finanzas, Adriana Lozano, el primo y socio quedó como encargado de despacho por unos meses, hasta dejar el cargo estatal en medio de críticas en redes sociales por presunta corrupción y solicitud de moches.

El escrito de denuncia también abarca los movimientos inmobiliarios realizados en 2024 por el hermano del Secretario, Joel Eduardo de mismos apellidos (exservidor público municipal), señalando compras de inmuebles y terrenos financiados y de contado por más de 3 millones de pesos. Esto bajo el argumento del artículo 230 del Código Penal para Tamaulipas respecto al cómputo de bienes de consanguíneos o dependientes económicos directos.

El estancamiento de la investigación adquiere mayor relevancia ante las versiones que ubican a Luis Gerardo Illoldi Reyes como posible contendiente a un cargo de elección popular. Mientras la carpeta permanece abierta y sin una determinación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, los tiempos políticos avanzan sin que exista una resolución que confirme o descarte los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, una denuncia presentada hace ya un año continúa sin esclarecerse, pese a involucrar a un integrante del gabinete estatal.