Rumbo a la contienda de 2027, las aspiraciones del exalcalde Héctor Villegas y el actual presidente municipal Miguel Almaraz reabren el debate en Río Bravo. Sus trayectorias quedan bajo el escrutinio público por los presuntos vínculos del primero con redes de financiamiento y los antecedentes judiciales y financieros del segundo, ambos relacionados con el fenómeno del huachicol en Tamaulipas.

Río Bravo se ha convertido en un punto relevante al revisar los vínculos entre actores políticos y redes relacionadas con el robo de hidrocarburos en Tamaulipas. Los dos últimos alcaldes del municipio, Héctor Joel Villegas González y Miguel Ángel Almaraz Maldonado, tienen antecedentes y señalamientos distintos relacionados con este fenómeno, un historial que cobra relevancia ante las aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Villegas, quien dejó la presidencia municipal para asumir la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, ha reconocido su cercanía con Sergio Carmona Angulo, conocido como el Rey del Huachicol. Las relaciones empresariales y patrimoniales atribuidas a Carmona han colocado bajo escrutinio un vehículo que habría sido originalmente de su propiedad y que estaría en poder del exalcalde. Además, se han cuestionado contratos de obra pública adjudicados durante su administración a constructoras presuntamente relacionadas con la red empresarial de Carmona. A estos señalamientos se suman antecedentes atribuidos a familiares de Héctor Villegas por robo de hidrocarburos.

Almaraz: antecedentes judiciales y operaciones millonarias

El segundo caso es el de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, actual alcalde de Río Bravo y con aspiraciones de reelegirse. A diferencia de los cuestionamientos sobre relaciones políticas y empresariales que rodean a Villegas, Almaraz cuenta con antecedentes judiciales relacionados directamente con una investigación por presunto robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Las indagatorias apuntaban a una presunta red dedicada al robo de condensado de campo de Pemex en la Cuenca de Burgos, su traslado en autotanques y su comercialización en Estados Unidos. El expediente también documentó referencias a Los Zetas, grupo criminal al que, según testimonios incorporados a la investigación, se pagaban cuotas para permitir el traslado de hidrocarburos y brindar protección a quienes operaban en ese negocio.

La investigación financiera registró que, entre 2006 y 2008, las cuentas relacionadas con Almaraz recibieron depósitos por cerca de 239 millones de pesos y registraron retiros por una cantidad casi idéntica. En moneda extranjera, tanto los depósitos como los retiros ascendieron a más de un millón de dólares.

El análisis también consignó 43 cheques emitidos a favor de Almaraz por más de 8 millones de dólares. De acuerdo con el documento, los cheques fueron depositados en cuentas bancarias en las que no se logró identificar al beneficiario final de los recursos. Las autoridades plantearon que estas operaciones podían estar relacionadas con el ocultamiento del destino del dinero.

Derivado de estas investigaciones, Almaraz pasó casi seis años en prisión. Sin embargo, fue liberado tras ser absuelto, luego de que su defensa señalara violaciones al debido proceso durante el caso, lo que lo dejó sin una sentencia condenatoria y le permitió retomar su carrera en la política.  

Más allá de los movimientos financieros, el mismo expediente judicial documentó testimonios sobre el pago de derecho de piso al cártel para permitir la operación de redes dedicadas al robo de hidrocarburos. En ese relato se menciona a un exagente del Ministerio Público Federal, cuyo nombre está censurado en la versión pública, que presuntamente pagaba 600 mil pesos por quincena a ese grupo criminal para que lo dejaran operar en el sur de Tamaulipas, además de entregar dinero a elementos de la entonces Policía Federal de Caminos.

Los registros financieros, los testimonios y los señalamientos sobre relaciones empresariales dejan dos trayectorias marcadas por preguntas sobre el origen de los recursos, los vínculos con terceros y el alcance de las investigaciones. En el caso de Almaraz, el expediente documentó operaciones millonarias; en el de Villegas, los señalamientos apuntan a su relación con Sergio Carmona y a empresas vinculadas con su entorno.

Con ambos antecedentes, Río Bravo llega al horizonte electoral de 2027 con su actual alcalde y su predecesor asociados a episodios distintos relacionados con el huachicol. El alcance de cada caso depende de lo acreditado en los procedimientos correspondientes, pero los documentos y señalamientos forman parte de la historia pública de quienes buscan mantener presencia en la política de Tamaulipas.