Ciudad de México.— El robo de combustible en México ha dado un salto hacia la industrialización. Lo que hace unos años consistía principalmente en la ordeña rústica de ductos a través de tomas clandestinas, hoy se ha transformado en un sofisticado modelo de negocio criminal que combina operaciones de refinación a pequeña escala, contrabando aduanero conocido como “huachicol fiscal” y la venta masiva de gasolina adulterada.

Investigaciones y recientes aseguramientos revelan que los grupos delictivos han dejado de ser simples extractores para convertirse en productores y comercializadores equipados con infraestructura industrial pesada.

Minirrefinerías al alcance de un clic

La evolución operativa del crimen organizado incluye la compra de tecnología especializada. Se ha documentado que las redes criminales adquieren columnas de destilación y plantas de procesamiento a través de plataformas globales de comercio electrónico, como Alibaba, con inversiones que oscilan entre los 2,500 y los 700,000 dólares.

Este equipamiento les permite procesar el crudo robado para obtener productos terminados. Un claro ejemplo de esta capacidad ocurrió a finales de julio en Reynosa, Tamaulipas, donde autoridades desmantelaron un megacomplejo clandestino en la Brecha El Becerro, operando a tan solo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional. En ese sitio se logró el aseguramiento récord de más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo.

Ante la magnitud de estos hallazgos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que estas instalaciones no deben denominarse “refinerías”, sino “centros de procesamiento”, argumentando que una refinería real conlleva procesos mucho más complejos.

El golpe del “huachicol fiscal” y la adulteración

Paralelo al procesamiento ilegal, el “huachicol fiscal” representa una sangría multimillonaria constante. Esta modalidad no implica perforar la infraestructura estatal, sino manipular y falsificar declaraciones aduaneras para introducir combustibles al país evadiendo el pago correspondiente de impuestos.

Para maximizar sus utilidades, las organizaciones delictivas recurren a la adulteración del producto final. Se calcula que la venta de combustible clandestino rebajado con etanol abarca hasta un 20% del consumo nacional de gasolina. Esta práctica, además de fomentar un mercado negro y competencia desleal, termina impactando directamente a los automovilistas al provocar averías a corto plazo en los motores de sus vehículos.

Esta transición de un delito de extracción a un complejo entramado de evasión aduanal y producción industrial marca un reto mayúsculo para la seguridad y las finanzas del Estado mexicano.