Los parquímetros de Ciudad Victoria no son un negocio aislado, sino la sucursal de un modelo replicado en México durante más de 15 años. Cuando una ciudad les cancela la concesión por irregularidades, sus operadores reaparecen con otra razón social o detrás de una app extranjera. La cara política en Tamaulipas es Salomón Rosas, quien hoy, en una enorme ironía, es director en la Secretaría de Economía federal encargado de vigilar la libre competencia.

El mismo negocio, distinta razón social

El apellido que se repite en los contratos no es el de Rosas, sino el de una familia de Jalisco: los Negrete Villalobos. Detrás de una constelación de empresas casi idénticas está siempre la misma forma de cobrar la calle:

• Metro Meters (Guadalajara): Su dueño, Víctor Manuel Negrete Villalobos. En 2013 el municipio la acusó de robarse 65 millones de pesos; en enero de 2017 se le canceló la concesión por evadir cerca de 100 millones en cinco años y aplicar multas sin facultades.
• Parking Control (Tonalá): A nombre de Juan Carlos Negrete Villalobos. Contrato firmado en 2009 por 15 años y extendido hasta 2028; operaba unos mil 300 estacionómetros.
• Puerto Park (Puerto Vallarta): También de Juan Carlos Negrete Villalobos. Desde 2007 los vecinos denunciaron cobros por estacionarse frente a sus propias casas.
• Victoria Meters (Ciudad Victoria): La concesión del 60% que ya documentamos, con Víctor Manuel Negrete Villalobos y Salomón Rosas como socios.
• Olimpus Meters (Cozumel): La misma razón social de Victoria Meters, renombrada para operar en Quintana Roo.
• Vector Meters (Guadalajara): La empresa vigente del mismo giro, que hoy representa a la marca canadiense Mackay Meters.

Es la misma marca de la casa en todas: quedarse con la tajada mayor, multar sin facultad y reportar al municipio solo una parte. La familia no vende un producto; vende un modelo y lo reinstala ciudad por ciudad.

Del fierro a la app: ahora se llama Blinkay

Cuando el modelo físico empezó a cancelarse, los operadores se digitalizaron. Hoy el mismo grupo opera en México la aplicación Blinkay, una plataforma de movilidad con sede en Barcelona que ganó licitaciones para cobrar el estacionamiento desde el celular.

El puente es directo: en Durango, donde Blinkay arrancó en 2023, apareció como gerente “Víctor Manuel Negrete”, hijo y heredero del negocio. En marzo de 2026, Blinkay ganó la licitación de Guadalajara desplazando a la app anterior para operar cinco mil cajones. La familia dejó de instalar aparatos y pasó a operar una app que cobra lo mismo, pero sin el fierro que se puede clausurar.

El eje potosino: de “espejitos” a vigilar la competencia

Si los Negrete pusieron las empresas, Salomón Rosas Ramírez puso la política. Rosas llegó a Tamaulipas en el sexenio de Eugenio Hernández Flores. Se le atribuye el 55% de las acciones de Victoria Meters, y aunque no figuraba públicamente, obtuvo el poder para administrar y cobrar en 2023.

Rosas militó en el PRI, fue cónsul en el sexenio de Peña Nieto y hoy opera en la 4T: desde octubre de 2024 es director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía federal. Su hijo, además, es diputado local en San Luis Potosí en la Comisión de Movilidad.

El resultado: el funcionario federal encargado de vigilar la libre competencia hizo patrimonio junto a un monopolio municipal sin licitación, con tajada del 60% y sin tope.

La sombra que quedó en la carretera

El modelo dejó una historia sin resolver. En diciembre de 2014, Víctor Manuel Negrete Villalobos viajó de Jalisco a Ciudad Victoria a “supervisar el negocio” tras un robo. Desapareció en enero de 2015 y, días después, fue hallado muerto junto a un acompañante cerca de Victoria.

El caso sigue impune, pero la administración pasó a su hijo, hoy la cara de Blinkay. El control de Victoria Meters terminó, mediante poder notarial, en manos de Salomón Rosas.

Un modelo que sigue andando

Mientras el contrato de Victoria Meters venció en 2024 y sigue cobrando bajo una “prórroga” sin aval del Congreso, el negocio no ha muerto en ningún lado: solo cambió de nombre y de tecnología. La pregunta que abre esta segunda entrega es simple: ¿cuántas ciudades más pagan la calle a un grupo que ya demostró, expediente tras expediente, cómo se trabaja mal, se cobra caro, y entrega menos?