La investigación revela que el narco ha creado un sistema paralelo de videovigilancia, utilizando postes de luz, infraestructura eléctrica y telecomunicaciones para instalar cámaras con transmisión Wi-Fi y movimiento remoto. Estas redes clandestinas permiten monitorear tanto a fuerzas de seguridad como a la población civil.

En Reynosa, Matamoros y otras ciudades fronterizas se han desmantelado centrales de monitoreo con pantallas conectadas a múltiples puntos urbanos. En 2025, la Secretaría de Seguridad Pública reportó la incautación de 352 equipos ilegales, frente a apenas 11 en 2024, lo que evidencia un crecimiento exponencial.

Inicialmente, el propósito era rastrear movimientos de la Marina y la Defensa Nacional. Sin embargo, con el tiempo la vigilancia se orientó hacia la población civil. Los grupos criminales utilizan las cámaras para:

-Controlar comercios y calcular cuotas de extorsión.

-Monitorear la vida cotidiana de barrios enteros.

-Facilitar secuestros virtuales y amenazas directas.

El resultado ha sido un aumento del 38% en denuncias de extorsión en 2025 respecto al año anterior, con más de 108 casos registrados oficialmente.

Vecinos como Julia, habitante de una colonia vigilada, relatan cómo la presencia de cámaras clandestinas generó miedo y aislamiento. Las familias dejaron de recibir visitas y se recluyeron en sus hogares tras descubrir que los delincuentes conocían horarios, colores de fachadas y números telefónicos.

El fenómeno ha alcanzado incluso a ciudades del sur como Tampico, Madero y Altamira, donde se han localizado más de 20 dispositivos. En Abasolo, se desmanteló una base de operaciones con armas largas, uniformes tácticos y cuatro detenidos.

La Guardia Estatal ha iniciado operativos para retirar cámaras ilegales en los 43 municipios de Tamaulipas. Sin embargo, especialistas advierten que los hallazgos suelen ser producto de denuncias anónimas más que de labores de inteligencia.

Expertos como Manuel Balcázar Villarreal y Gerson Mata Estrada señalan que el crimen organizado ya emplea inteligencia artificial generativa para planear redes logísticas y lavado de dinero, lo que coloca a las autoridades en desventaja tecnológica. Proponen tipificar penalmente la instalación de estos equipos y fiscalizar la venta de dispositivos de telecomunicaciones.

El narco ha transformado la vigilancia en Tamaulipas en un mecanismo de sometimiento social, extendiendo su control a la vida cotidiana de los ciudadanos. La proliferación de cámaras clandestinas refleja la capacidad de adaptación tecnológica de las organizaciones criminales y la urgencia de que el Estado fortalezca su respuesta en el ámbito digital y territorial.