Miles de venezolanos que viven en Estados Unidos están en alerta tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que les permitía permanecer legalmente en el país. Esta protección, otorgada en años anteriores debido a la crisis humanitaria en Venezuela, ha llegado a su fin, lo que deja a muchos en riesgo de deportación.

El TPS fue una herramienta clave para quienes huyeron de la inestabilidad política y económica. Les ofrecía la posibilidad de trabajar y vivir sin temor a ser expulsados. Sin embargo, con el cambio de postura del gobierno, esa seguridad se desvanece.

Algunos migrantes han expresado su preocupación por lo que podría venir. “Me siento perseguido”, comenta un joven venezolano que teme regresar a su país de origen. Su testimonio refleja el sentimiento de incertidumbre que comparten muchos en su situación.

Aunque se han dado declaraciones oficiales que intentan calmar los ánimos —como “Hemos detenido eso”, en referencia a las deportaciones—, la falta de claridad sobre el futuro mantiene a la comunidad venezolana en vilo.

Este giro en la política migratoria ha generado reacciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el impacto emocional y legal que puede tener en miles de personas que han construido una vida en EE.UU.