La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma constitucional para topar las jubilaciones millonarias de exfuncionarios de confianza, proyectando ahorros por 5 mil millones de pesos.

El gobierno federal lanzó una ofensiva legal contra los privilegios económicos heredados en las empresas del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de recortar las denominadas “pensiones doradas” que perciben cientos de exfuncionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Durante el anuncio, la mandataria fue enfática al aclarar que esta medida no trastocará los derechos laborales adquiridos por la base trabajadora ni por quienes cuentan con un contrato colectivo. La reforma está dirigida exclusivamente a los exservidores que operaban bajo el régimen de confianza y de altos mandos, cuyas liquidaciones fueron aprobadas con montos que superan de manera desproporcionada los tabuladores actuales e incluso el salario presidencial. Con este ajuste, el Ejecutivo federal estima recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales para el erario.

Las cifras reveladas por la Secretaría de la Función Pública exponen la magnitud de la brecha de desigualdad. De acuerdo con la información presentada por la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, actualmente existen 19 personas en estas entidades que perciben ingresos mensuales superiores a los de la propia Presidenta de la República, sumando un costo de 37 millones de pesos al año. El contraste es aún más drástico al compararlo con el promedio nacional, ya que los jubilados de confianza de LyFC reciben hasta 140 veces más que la pensión media de un trabajador común, la cual ronda los 7 mil 92 pesos mensuales según datos del INEGI.

En el caso particular de la petrolera nacional, se detectaron anomalías significativas en la asignación de estas prestaciones. El reporte oficial señala que más de 600 pensionados de Pemex cobran un monto anual bruto superior al que percibe el actual director general de la empresa, y más de mil casos rebasan el límite máximo establecido en su tabulador salarial vigente. En promedio, los exdirectivos de esta dependencia reciben jubilaciones 39 veces más altas que el resto de los ciudadanos, además de gozar de subsidios exorbitantes como el pago de su Impuesto Sobre la Renta con cargo al Estado.

La iniciativa de decreto, que ahora pasará a manos del Poder Legislativo, argumenta que estas compensaciones vulneran los principios constitucionales de austeridad y equidad salarial. Con esta propuesta, la administración actual busca establecer un tope definitivo a las pensiones en todas las entidades y paraestatales públicas, cerrando la puerta a lo que consideran un desvío legalizado de recursos y sentando un precedente en la regulación de las percepciones para la alta burocracia del país.