El asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, cumple un mes y sigue generando impacto político y social en Michoacán. La ciudad enfrenta una crisis marcada por la violencia del crimen organizado y por las dudas en torno a las investigaciones oficiales.

Manzo fue atacado el 1 de noviembre mientras caminaba con su hijo en brazos durante las celebraciones del Día de Muertos. El agresor, un joven de 17 años, fue abatido en el lugar, pero el caso abrió un complejo entramado de detenciones y sospechas.

La Fiscalía de Michoacán ha arrestado a ocho personas: siete escoltas del propio alcalde y un presunto autor intelectual, identificado como Jorge Armando “N”, alias El Licenciado. Los escoltas fueron señalados por omisiones en el resguardo y por posibles vínculos con la planeación del ataque.

Otros implicados, como Fernando José “N” y Ramiro “N”, fueron asesinados días después, lo que ha complicado aún más el panorama. En total, el caso acumula tres autores materiales abatidos, un presunto autor intelectual detenido, siete escoltas arrestados y uno prófugo.

La viuda de Manzo y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, insiste en que se investigue una posible línea política. Ha señalado a figuras vinculadas a Morena, recordando que “Carlos lo dijo muchas veces en sus transmisiones. Él los señaló específicamente. No es algo nuevo”.

Las acusaciones han generado polémica. Incluso el senador Gerardo Fernández Noroña calificó a Quiroz de “fascista” por pedir que se indague a personajes de ese partido, asegurando que sus señalamientos responden a intereses políticos.

Uruapan vive una de las crisis de violencia más graves del país. Cuatro organizaciones criminales operan en la zona: CJNG, Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya. Las disputas han llegado a niveles de guerra abierta, con drones explosivos y minas antipersona.

Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema: entre 2023 y septiembre de 2025 se registraron 494 homicidios en una ciudad de poco más de 300 mil habitantes. Además, se reportaron miles de robos de vehículos, extorsiones y denuncias por narcomenudeo.

La falta de policías —apenas 300 para toda la población— y el escaso apoyo estatal y federal han dejado a la ciudad en una situación de vulnerabilidad. Como se ha dicho en crónicas locales: “En Uruapan nadie se salva de pagar cuota al narco”.

El gobierno federal ha anunciado el Plan Michoacán, con despliegue militar y social, pero para muchos habitantes el apoyo llegó demasiado tarde. Quiroz hereda un escenario crítico: mantener el legado de su esposo, conocido por su postura frontal contra el crimen, y enfrentar una ciudad marcada por la violencia y la desconfianza institucional.