La política de seguridad de la administración federal mexicana enfrenta su mayor crisis diplomática y operativa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Casa Blanca el inicio de una “fase terrestre” de operaciones militares y extrajudiciales, justificando la medida en la inoperancia del Estado mexicano para contener a las organizaciones criminales. El mandatario estadounidense lanzó una advertencia directa: si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ejecuta acciones efectivas contra el narcotráfico, las fuerzas armadas de Estados Unidos cruzarán la frontera para neutralizar a los operadores de los cárteles.

La declaración, emitida durante un evento oficial para conmemorar el Día de las Madres, expone la fractura en los mecanismos de cooperación binacional y el nivel de desconfianza de Washington hacia el aparato de seguridad de México. Trump contrastó el nulo avance territorial con los resultados de sus operaciones navales en el Caribe y el Pacífico, donde el Comando Sur reporta la ejecución extrajudicial y el hundimiento de más de 190 embarcaciones mediante el uso de drones artillados.

“El ingreso de drogas llegando a nuestro país por mar ya está muy bajo”, detalló Trump. “Ahora hemos iniciado la fase terrestre, la cual es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas gentes, como los representantes de México y otros lugares. Si ellos no van a hacer la tarea, nosotros haremos la tarea, y ellos entienden eso”. Esta postura exhibe la debilidad institucional de la actual presidencia mexicana, relegada a un papel de espectador frente a la amenaza de intervenciones armadas unilaterales en su propio territorio.

La nueva Doctrina Monroe y la sombra de la complicidad institucional El anuncio presidencial coincide con la publicación de una nueva estrategia antiterrorista del Ejecutivo estadounidense, un documento técnico que sepulta cualquier margen de negociación diplomática tradicional. La Casa Blanca ha elevado oficialmente a los cárteles mexicanos a la categoría de organizaciones terroristas, vinculando sus ingresos financieros con redes yihadistas transnacionales.

El texto introductorio de esta estrategia, firmado por el propio Trump, lanza un golpe frontal contra la línea de flotación de la política interior mexicana, aludiendo a la protección gubernamental de la que gozan las redes criminales. “Lo haremos en concierto con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y puedan trabajar con nosotros. Si no pueden, o no lo harán, aun tomaremos cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, sobre todo si el gobierno es cómplice con los cárteles”, establece el documento.

La mención de “complicidad” agrava la crisis para la presidencia de Sheinbaum, la cual ya lidia con los procesos penales abiertos por el Departamento de Justicia en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y altos mandos estatales.

Geopolítica del intervencionismo Para la política exterior estadounidense, el amago hacia México funciona también como una maniobra de distracción geopolítica. Cuestionado por la prensa respecto a la impopular guerra en Irán y el consecuente repunte inflacionario en los precios del petróleo, Trump desvió la atención hacia el hemisferio occidental, utilizando a Venezuela como el “caso de éxito” que podría replicarse en México.

El mandatario presumió la reciente incursión militar de enero en territorio venezolano como un triunfo táctico y económico. “Fuimos a Venezuela. Ganamos rápidamente”, aseguró, destacando que la ocupación ha permitido el ingreso inmediato de transnacionales energéticas como Exxon Mobil y Chevron a la zona.

Al denominar este esquema como “el proyecto para una Doctrina Monroe moderna”, Washington advierte tácitamente al Estado mexicano sobre las consecuencias de perder el control territorial, proyectando un escenario donde la inacción de la administración federal abre la puerta no solo a la persecución de capos, sino a la intervención en recursos estratégicos bajo el pretexto de la seguridad nacional.