El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la ejecución por pelotón de fusilamiento militar de Nidal Malik Hasan, el exmayor y psiquiatra del Ejército sentenciado a muerte por perpetrar la matanza en la base de Fort Hood en 2009.

La confirmación provino del Departamento de Defensa, luego de que el secretario Pete Hegseth presentara formalmente la recomendación al mandatario. De acuerdo con el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la orden presidencial ya fue ratificada, por lo que corresponderá a la Secretaría del Ejército determinar la fecha y el sitio exacto en el que se llevará a cabo el procedimiento penal, el cual pondría fin a más de una década de litigios y apelaciones militares.

Hasan fue hallado culpable en 2013 de trece cargos de asesinato premeditado y más de una treintena de intentos de homicidio por un tribunal militar que emitió la condena capital por decisión unánime. Durante la mañana del 5 de noviembre de 2009, el entonces oficial abrió fuego de forma indiscriminada contra soldados desarmados y personal civil en el centro de procesamiento de tropas de la instalación militar en Texas, dejando además 32 personas lesionadas en lo que se mantiene como el ataque armado más mortífero ocurrido dentro de una base del Ejército estadounidense.

El proceso judicial del agresor, quien decidió actuar como su propio representante legal sin presentar testigos de descargo ni objetar la mayor parte de las imputaciones, concluyó formalmente a nivel militar luego de que sus recursos de apelación fueran desestimados de manera definitiva en los últimos periodos. Con la ratificación presidencial, Hasan se encamina a convertirse en el primer militar estadounidense ejecutado bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en más de sesenta años, luego de que en 1961 el soldado John Bennett fuera ejecutado mediante la horca.

La decisión de recurrir a un pelotón de fusilamiento castrense se produce en medio de un debate nacional renovado sobre la pena capital y los métodos para su cumplimiento en Estados Unidos, particularmente tras incidentes recientes en centros penitenciarios civiles donde el uso de inyecciones letales convencionales enfrentó severas fallas técnicas y controversias legales. Frente a este panorama, las autoridades militares señalaron que se ajustarán a los protocolos formales de la justicia castrense para dar curso definitivo a la sentencia.