Mientras el gobierno federal intenta vender una nueva narrativa de “soberanía energética” para reducir la aplastante dependencia de México hacia el gas natural estadounidense, las entrañas de Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen exhibiendo los vicios del pasado que la autodenominada Cuarta Transformación prometió erradicar. Este miércoles, desde Palacio Nacional, el contraste fue ineludible: la presentación de un ambicioso plan para rescatar la producción de gas chocó de frente con el escándalo viral de una empleada petrolera que financió una fiesta de XV años con lujos propios de la élite empresarial.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, subieron al atril para admitir una realidad que los discursos triunfalistas suelen omitir: el 75 por ciento del gas natural que consume México proviene de importaciones, en su inmensa mayoría de Estados Unidos. Para intentar frenar esta sangría financiera y operativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una estrategia que busca aprovechar las reservas nacionales, impulsar la producción de fertilizantes y transitar hacia un 38 por ciento de generación de energía renovable para 2030. La presidenta aprovechó el foro para culpar al “periodo neoliberal”, particularmente al sexenio de Enrique Peña Nieto, por haber negociado los contratos actuales de importación “a precios muy altos”.

Sin embargo, el discurso de la austeridad republicana tropezó con la realidad interna de la petrolera más endeudada del mundo. La conferencia matutina tuvo que desviar su atención hacia el caso de Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de Pemex cuya ostentosa celebración familiar encendió las redes sociales y despertó sospechas sobre el origen de los recursos.

Aunque Sheinbaum aseguró tajantemente que “no toleran la corrupción” ni la impunidad, la respuesta oficial de la empresa productiva del Estado fue tibia. Rodríguez Padilla justificó que, hasta el momento, no existe una demanda laboral en contra de la empleada, sino apenas una “solicitud de revisión” bajo las normas de Buen Gobierno. “Se está investigando para no caer en una injusticia”, matizó la mandataria, protegiendo corporativamente a la trabajadora mientras el escrutinio público exige transparencia sobre los salarios y prestaciones reales en el sindicato petrolero.

El episodio de este miércoles resume la paradoja del sector energético mexicano en 2026: una administración que proyecta planes multimillonarios para salvar su soberanía y detener la fuga de capitales hacia Texas, pero que dentro de casa no logra sacudirse el fantasma de los excesos, la opacidad sindical y el derroche de una burocracia petrolera que parece intocable.