La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su preocupación por una modificación reciente en la Ley de Amparo aprobada por el Senado. El cambio incluye un artículo transitorio que permitiría aplicar la ley de forma retroactiva, algo que —según la mandataria— está prohibido por la Constitución.

Sheinbaum aclaró que la propuesta original enviada por el Ejecutivo “no tenía este agregado que hicieron en el Senado”. Por ello, pidió que la Cámara de Diputados revise el artículo y, en caso de mantenerlo, explique con claridad “que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a qué se refiere este transitorio, para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley”.

Insistió en que “primero hay que respetar la Constitución, que define claramente que no debe haber retroactividad en las leyes”, salvo que se reforme la Carta Magna y se establezcan condiciones específicas para casos anteriores.

“Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio”, sentenció.

Aunque reconoció no ser experta en derecho, criticó la inclusión del artículo: “No soy abogada, pero para qué se pone (el transitorio)”.

La presidenta también explicó que la Ley de Amparo no modifica la Constitución, y destacó tres cambios clave en la nueva norma:

• Se acortan los tiempos en tribunales para agilizar la resolución de casos, especialmente los relacionados con deudas fiscales y asuntos comerciales.

• En casos de presunto lavado de dinero, no se podrá suspender el congelamiento de cuentas hasta que se resuelva el fondo del asunto.

• Cuando la Suprema Corte emite una resolución, no habrá suspensión inmediata; si un juez la concede, el deudor deberá garantizar el monto que debe al fisco.

Sheinbaum subrayó que los juicios de amparo iniciados antes de esta reforma deben seguir bajo las reglas anteriores, ya que son procedimientos previos. Por eso, reiteró que la Cámara de Diputados “tendrá que revisar” el transitorio, al igual que la consejera jurídica Ernestina Godoy.

Al ser cuestionada sobre si Morena consultó con la Consejería Jurídica, respondió: “El Senado puso ese punto. Aquí es un asunto de garantizar la no retroactividad, como establece claramente la Constitución, más allá de si se consultó o no”.