El gobierno federal enviará al Congreso dos reformas para regular el uso del agua, endurecer sanciones por delitos hídricos y eliminar el mercado negro, tras detectar más de 58 mil irregularidades en concesiones.

Entre los problemas hallados por Conagua hay acaparamiento, duplicidad de documentos, uso indebido del recurso y concesiones con coordenadas en el extranjero. Estas prácticas han generado ganancias millonarias entre particulares.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Estado debe recuperar el control sobre las licencias y evitar su compraventa privada. La meta es garantizar el acceso justo al agua como derecho humano.

Efraín Morales, titular de Conagua, explicó que se reformará la Ley de Aguas Nacionales y se presentará una nueva legislación para fortalecer la rectoría estatal y recuperar el líquido no utilizado.

Hasta ahora, se han desprivatizado más de 4 mil millones de metros cúbicos, equivalentes a cuatro años de suministro para la Ciudad de México, y se ha incrementado la recaudación fiscal en casi 3 mil millones de pesos.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua, reveló que existen bases de datos incompatibles, títulos duplicados y miles de trámites rezagados, lo que ha dificultado la gestión del recurso.

Durante la conferencia matutina, se informó que hay licencias de uso público urbano y agrícola que están siendo utilizadas por empresas privadas, balnearios y clubes de golf, lo que representa un uso indebido.

También se denunció la venta ilegal de pipas y la perforación de pozos clandestinos sin autorización, especialmente en zonas con acuíferos deficitarios del centro y norte del país.

El gobierno prepara un catálogo de sanciones que incluiría multas de hasta 50 mil unidades de medida. Además, se reforzarán inspecciones y se mantendrá activo el portal de denuncias ciudadanas.

En octubre se publicará un decreto para facilitar la regularización de concesiones de pequeños productores, municipios y estados, con el fin de brindarles certeza jurídica.