Ciudad de México.— La reciente cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha escalado hacia una confrontación diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum catalogó este viernes la medida impuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un acto de “injerencia en la política mexicana”, atribuyéndole motivos estrictamente políticos y propagandísticos.

Durante su intervención oficial, Sheinbaum desestimó que la restricción migratoria esté fundamentada en cuestiones de seguridad o marcos de legalidad internacional. En su posicionamiento, argumentó que la administración estadounidense no actúa con equidad frente a otras naciones y descartó tajantemente que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación contra el exdirigente partidista por este suceso. La mandataria enfatizó que “no porque Estados Unidos le quite la visa vamos a abrir una investigación”, desestimando las exigencias de transparencia y rendición de cuentas planteadas por la oposición mexicana.

Señalamientos directos hacia la diplomacia de Washington

El conflicto diplomático adquirió notoriedad tras la difusión de una carta pública firmada por López Beltrán, dirigida al presidente estadounidense Donald Trump. En dicho documento, el afectado señala directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, acusándolos de ejecutar tácticas autoritarias sin presentar pruebas formales sobre supuestos actos ilícitos.

La respuesta institucional del gobierno federal evidencia un rechazo rotundo a lo que denominan prácticas intervencionistas, adoptando una postura de defensa incondicional que clausura cualquier posibilidad de escrutinio a nivel local. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido un hermetismo institucional, evitando emitir un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones vertidas desde Palacio Nacional.

Este reporte en video sobre las declaraciones de la mandataria contextualiza la postura oficial del gobierno federal y los argumentos presentados frente a la decisión del Departamento de Estado.