Comisiones unidas perfilan la aprobación del dictamen, pero buscan blindar la reforma para evitar que la reducción de jornada se traduzca en explotación laboral disfrazada o en la quiebra de MiPymes.

La discusión legislativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales tomó un nuevo aire en el Senado de la República este jueves. Tras meses de parálisis en la cámara alta, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos retomaron el análisis de la minuta con un enfoque específico: definir las reglas claras para el pago de horas extra y los tiempos de implementación para no colapsar al sector empresarial.

Durante el debate parlamentario, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la reforma constitucional al artículo 123 es inminente por justicia social, pero advirtieron sobre los “vacíos legales” que podrían surgir en su aplicación. El punto más álgido de la negociación se centró en cómo se calculará y pagará el tiempo excedente. La preocupación principal es que, al reducirse el horario legal, los empleadores intenten mantener la misma carga de trabajo bajo esquemas de “metas” o productividad, evadiendo el pago de las horas adicionales que por ley deben remunerarse al doble o al triple.

Representantes del sector empresarial, quienes han mantenido un intenso cabildeo en el recinto legislativo, presentaron reservas argumentando que un aumento súbito en el costo de la nómina por concepto de horas extra sería insostenible para las micro, pequeñas y medianas empresas. Su propuesta se inclina hacia una implementación escalonada que permita a las compañías ajustar sus turnos y plantillas a lo largo de un periodo de transición que podría extenderse hasta cinco años, similar al modelo aplicado en países como Chile.

Por otro lado, los grupos parlamentarios promotores de la reforma y representantes sindicales rechazaron la idea de dilatar el derecho al descanso. Insistieron en que la ambigüedad en la Ley Federal del Trabajo actual ha permitido abusos sistemáticos y que la nueva redacción debe ser tajante: cualquier minuto después de las 40 horas semanales debe ser pagado como extraordinario, sin excepciones ni periodos de gracia prolongados que dejen en indefensión al trabajador.

El presidente de la Comisión de Trabajo adelantó que se buscará un dictamen de consenso que equilibre ambas posturas, garantizando el derecho humano al descanso sin detonar la informalidad laboral. Se espera que el documento final sea sometido a votación en el Pleno antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, marcando lo que podría ser la modificación más trascendente a las relaciones laborales en México en las últimas décadas.