En una sesión decisiva que modifica el panorama laboral del país tras más de un siglo de inmovilidad en el artículo 123 constitucional, el Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, con una mayoría calificada de 103 votos a favor y 15 en contra, la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, un cambio estructural que beneficiará a cerca del 65 por ciento de la población trabajadora pero que se implementará de manera diferida a lo largo de un lustro.

El dictamen, que fue enviado de inmediato a la Cámara de Diputados para su revisión, establece un candado de protección al ingreso al aclarar que la disminución de horas no implicará en ningún momento la reducción de sueldo, salario o prestaciones, aunque su aplicación real comenzará con una etapa de transición paulatina: durante 2026 se mantendrá el tope actual de 48 horas, bajando a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y concretándose finalmente el objetivo de las 40 horas hasta el año 2030.

A pesar del consenso en lo general, la discusión en lo particular reveló profundas fracturas políticas, pues senadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde presionaron sin éxito para que se consagrara constitucionalmente el derecho a dos días de descanso obligatorio, propuesta que fue rechazada por la mayoría de Morena, manteniendo el texto actual de un día de descanso por cada seis de trabajo.

El debate legislativo confrontó visiones opuestas sobre el alcance de la “justicia laboral”; mientras el morenista Oscar Cantón Zetina defendió la reforma como una “vieja demanda obrera” blindada para reducir la fatiga y accidentes, la oposición lanzó duras críticas, como la senadora priista Cristina Ruiz, quien acusó al oficialismo de mentir y promover una “reforma de la explotación” al no garantizar los dos días libres, o el panista Marko Cortés, quien la calificó de “justicia a medias” por la lejana implementación hasta 2030 y la falta de estímulos para las mipymes.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aunque votó a favor, lamentó que se abaraten las horas extras y no se asegure el descanso ampliado, mientras que el documento final también endurece las normas para los menores de 18 años, prohibiéndoles realizar tiempo extraordinario, y establece que la suma de horas ordinarias y extras no podrá superar las 12 horas diarias en ningún caso, buscando mitigar el estrés laboral que hoy afecta al 75 por ciento de los trabajadores mexicanos.