José Francisco Mendoza Gómez, relacionado a una empresa contratada por Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, aceptó un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Distrito Este de Virginia, también que el Gobierno de Estados Unidos acceda a su información financiera, fiscal y relación comercial en los últimos años.

Mendoza Gómez fue trasladado a territorio estadounidense en agosto de 2025 junto con otros reos mexicanos requeridos por autoridades federales. El Departamento de Justicia lo señala en procesos relacionados con delitos de conspiración (narcotráfico) y lavado de dinero.

En México, Mendoza Gómez ha sido identificado como representante de empresas que recibieron contratos de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas encabezada por Pedro Cepeda Anaya y de algunos gobiernos municipales del estado. Entre ellos se encuentra el que preside Eduardo Gattás Báez de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, donde también efectuó trabajos de construcción.

La información que se desprende de documentos judiciales disponibles en registros públicos de esa Corte, están las acusaciones y acuerdo de culpabilidad, éste incluye 14 puntos, algunos son los siguientes:

• Renuncia a los derechos de apelación, FOIA y Ley de Privacidad: a solicitar o recibir de un departamento o agencia de los Estados Unidos cualquier registro relacionado con la investigación o el procesamiento de este caso, incluyendo, entre otros.

• Obligaciones en materia patrimonial y de investigación financiera: acepta que su información financiera esté sujeta a investigación y divulgación. Participar en la investigación financiera de los Estados Unidos y la identificación de los activos en los que el acusado tenga algún interés legal o equitativo;

Se compromete a proporcionar toda la información sobre sus bienes e intereses financieros a los Estados Unidos y a la Oficina de Libertad Condicional y, si se le solicita, a someterse a un examen de deudor, a completar una declaración de divulgación financiera y a un examen de polígrafo que los Estados Unidos puedan administrar en relación con dichos bienes e intereses financieros.

También a proporcionar sus declaraciones de impuestos de los últimos cinco años. Los activos e intereses financieros incluyen activos de su propiedad directa o indirecta, individual o conjunta, en los que el acusado tiene intereses legales, incluyendo cualquier interés mantenido o poseído bajo otro nombre, fideicomiso o entidad comercial presente, y desde la fecha del primer delito que dio lugar a este Acuerdo de Declaración de Culpabilidad, o que dio lugar a los cargos pendientes contra el acusado, lo que ocurra primero.

El acusado deberá identificar todos los activos valorados en más de 5 mil dólares -aproximadamente 100 mil pesos mexicanos- que hayan sido transferidos a terceros desde la fecha del primer delito que dio lugar a este Acuerdo de Declaración, incluyendo la ubicación de los activos y la identidad de los terceros a quienes fueron transferidos.

• Acuerdo de Decomiso: acepta perder todos los derechos sobre cualquier activo relacionado con el delito que posea o sobre el cual ejerza control, directa o indirectamente.

• Delitos y penas máximas: conspiración para distribuir kilogramos o más de cocaína, para importar ilegalmente a los Estados Unidos. Las penas máximas por este delito son; una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, una pena máxima de cadena perpetua.

La revisión de la información judicial en Estados Unidos muestra la firma de José Francisco Mendoza Gómez en el acuerdo de culpabilidad y acusaciones. Esa rúbrica corresponde con la que aparece en documentos para contratación celebrados con la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, a pesar de que el titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya, ha insistido públicamente en que Mendoza Gómez no firmó ni acudió a los procesos de contratación.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Tamaulipas y Corte de Virginia del Este EU

Asimismo, como parte del acuerdo de culpabilidad y en el contexto de que los cárteles mexicanos han sido declarados como organizaciones terroristas en Estados Unidos, el gobierno norteamericano podría ampliar sus investigaciones hacia las relaciones comerciales de Mendoza Gómez en Tamaulipas y en municipios del estado.

La aceptación del acuerdo de culpabilidad en Virginia implica que Mendoza Gómez reconoció responsabilidad en los cargos que se le imputan en esa jurisdicción. La Corte programará en los próximos meses la audiencia de sentencia, en la que se determinará la pena que enfrentará.