El colapso del círculo primario del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es innegable. Este viernes trascendió que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales en Nueva York. El exfuncionario, quien habría volado directamente desde Europa para negociar su rendición, enfrenta tres graves cargos federales por narcotráfico y por operar como pieza clave de la célula criminal de “Los Chapitos”.

La claudicación de Díaz Vega expone la fragilidad de la estructura gubernamental sinaloense ante el embate del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Su entrega marca la segunda caída de un alto mando estatal en menos de una semana, luego de que el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez —acusado de recibir sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares—, se rindiera ante el Servicio de Marshals en Arizona el pasado 11 de mayo y se declarara “no culpable” este mismo viernes.

El operador del pacto electoral y criminal El expediente elaborado por los fiscales estadounidenses describe a Díaz Vega no solo como un tesorero, sino como el principal arquitecto político y financiero del presunto pacto entre el Cártel de Sinaloa y la administración estatal.

El documento revela una acusación devastadora: previo a las elecciones de junio de 2021, Díaz Vega habría sostenido una reunión con los líderes de “Los Chapitos” donde les entregó una lista detallada con los nombres y direcciones de los opositores políticos de Rubén Rocha Moya. El objetivo era claro: utilizar el brazo armado del cártel para amenazar, agredir e intimidar a los contrincantes, despejando así el camino para que el candidato de Morena se hiciera con la gubernatura.

La red de protección institucional De acuerdo con Washington, el extesorero —quien despachó desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024 tras casi dos décadas en el sector empresarial— fungía como el intermediario principal entre Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y el gobernador Rocha.

En esta red de complicidad también se señala al hoy senador y exsecretario General de Gobierno, Enrique Inzunza. Ambos habrían sido los encargados de transmitir las comunicaciones del cártel y de asegurar la instalación de funcionarios corruptos en posiciones estratégicas, garantizando una coraza institucional para las operaciones de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.