La tragedia de Edith Guadalupe no solo desnuda la brutalidad de la violencia feminicida que impera en la Ciudad de México, sino también la podredumbre institucional que lucra con el dolor de las víctimas. La Fiscalía General de Justicia de la capital confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de la joven, semienterrado en el sótano de un edificio privado en la alcaldía Benito Juárez, en un caso que ya ha provocado la destitución de los primeros funcionarios encargados de la investigación, quienes aprovecharon la desesperación de la familia para exigirles dinero a cambio de iniciar la búsqueda.

En una conferencia de prensa que intentó matizar el escándalo interno, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, anunció que ya se tiene plenamente identificado a un probable responsable del feminicidio. Sin embargo, el avance judicial queda ensombrecido por la actuación de los agentes del Ministerio Público que atendieron el caso en sus primeras horas. La confirmación de que estos servidores públicos fueron separados de sus cargos tras ser denunciados por extorsión evidencia una revictimización sistemática: para el aparato de justicia de la ciudad, la desaparición de una mujer fue vista, en primera instancia, como una oportunidad de negocio ilícito.

Los detalles del hallazgo revelan la crudeza del crimen y una alarmante red de encubrimiento. De acuerdo con las diligencias de la Policía de Investigación (PDI), el rastro de objetos personales de Edith condujo a los agentes hasta un inmueble de uso privado en la Benito Juárez. El cuerpo de la víctima presentaba evidentes huellas de violencia física y golpes contusos, y fue ocultado de manera deliberada bajo un montículo de tierra en el sótano del complejo.

A este nivel de ocultamiento criminal se suma la probable complicidad u obstrucción por parte de la administración del edificio. La fiscal Alcalde reconoció que, en un principio, se les negó el acceso a los agentes de investigación, un hecho que obligó a las autoridades a abrir una línea de investigación paralela mediante entrevistas y cateos para determinar por qué se protegió la escena del crimen y quiénes ordenaron bloquear la entrada a la PDI.

El eslabón que busca conectar el inicio de la desaparición con la escena del feminicidio es un viaje contratado a través de una plataforma digital. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizar al conductor de la motocicleta de aplicación que trasladó a Edith Guadalupe desde su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, hasta el edificio donde finalmente le arrebataron la vida. El testimonio y la ruta de este conductor son piezas angulares para reconstruir las últimas horas de la joven y cercar judicialmente al presunto responsable que ya se encuentra en la mira de la Fiscalía.