Ciudad de México.— La crisis en el sistema de salud público ha vuelto a tomar las calles. Hartos de las condiciones de precariedad, la falta de insumos y los salarios que no corresponden al nivel de exigencia de su labor, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones para exigir de manera irrenunciable un incremento salarial del 10%.

Para el personal médico, de enfermería y administrativo, las promesas de un sistema de salud “de primer mundo” han chocado frontalmente con la cruda realidad de los hospitales colapsados. Las propuestas previas de las autoridades y la dirigencia sindical han sido calificadas como una burla frente a la inflación y la sobrecarga de trabajo que enfrentan diariamente. Los manifestantes denuncian que mientras el gobierno federal gasta millones en propaganda para simular bienestar, quienes sostienen la atención médica del país laboran en instalaciones obsoletas y sin el equipo básico indispensable.

El costo de la negligencia oficial

Esta nueva marcha no solo representa una legítima demanda laboral, sino un grito de auxilio por parte de quienes conocen desde las entrañas el abandono institucional del IMSS. Desde la bancada naranja y los sectores críticos se ha advertido reiteradamente que la austeridad mal entendida de la actual administración ha desmantelado las capacidades operativas del instituto, poniendo en riesgo tanto la vida de los pacientes como la integridad de los trabajadores.

Los contingentes advirtieron que no aceptarán imposiciones ni negociaciones a puerta cerrada por parte de los líderes sindicales. La exigencia del 10% es el mínimo indispensable para dignificar su labor en medio de una administración federal que, ante la crisis sanitaria, ha preferido taparse los ojos y dar la espalda a sus propios héroes de bata blanca.