El Gobierno morenista de Tamaulipas de Américo Villarreal Anaya, dio más de 70 millones de pesos en contratos de obra pública a un traficante de drogas con orden de extradición en Estados Unidos.

La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas que encabeza Pedro Cepeda Anaya, contrató a José Francisco Mendoza Gómez alias “Yiyo” y su esposa Perla Yasmin Garza Quintanilla a través de dos empresas identificadas con denominación social JF Konstruyendo, S.A. DE C.V y Megamax, S.A. DE C.V.

Este martes 12 de agosto del presente, Francisco Mendoza, proveedor del Gobierno de Tamaulipas fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 25 criminales, objetivos principales del gobierno ese país.

Mendoza Gómez fue detenido en diciembre pasado en la capital de Tamaulipas por la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de posesión de marihuana, ya contaba con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en Estados Unidos se le acusa por tráfico de cocaína.

Luego de su detención en Tamaulipas, Francisco Mendoza fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en donde ya había estado recluido en el 2010. Ahí permaneció ocho meses hasta su extradición.

Con base a la Plataforma Nacional de Transparencia, JF Konstruyendo obtuvo tres contratos por un total de 37 millones 640 mil 454 pesos. Mientras que Megamax recibió 30 millones 393 mil 414 pesos en siete contratos. 

Los contratos a dichas empresas que aparecen públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia están identificados con el número: SOP-IF-EEP-294-23-P, SOP-IF-MV-259-23-I, SOP-IF-FONDEN-002-21-I.

SOP-IE-CA-272-23-I, SOP-IE-EEP-346-23-I, SOP-IE-MV-213-23-P, SOP-IF-MV-061-23-P, SOF-IF-MV-028-23-P, SOP-IF-MV-024-23-P, SOP-IF-MV-048-22-P.

La empresa JF Konstruyendo está inscrita en el Registro Público del Comercio desde 2011, las accionistas son dos mujeres, en el 2019 José Francisco es nombrado administrador único y representante legal, cediéndole el poder para pleitos, cobranzas y la administración en general de la sociedad, entre otras.

Megamax está registrada como sociedad desde 2008, los accionistas son Perla Yasmin Garza Quintanilla y otra persona cuyos apellidos son iguales a los de ella. Perla Garza es administradora única y representante legal de la empresa.

Las obras públicas por las que contrataron a Megamax son de pavimentación, rehabilitación hidráulica y asfáltica de calles en los municipios Gómez Farías, Llera, Aldama, Nuevo Laredo; conservación de caminos en Ciudad Victoria, Güémez e Hidalgo; rehabilitación de escuela primaria y rehabilitación de red de atarjea y colector en Ciudad Victoria.

En el 2023 el juez de Distrito Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, emitió orden de detención con fines de extradición con el procedimiento de extradición 58/2023 en contra de José Francisco Mendoza Gómez.

Especialistas en derecho penal y anticorrupción, consultados por este medio, advierten que la adjudicación de contratos públicos a empresas controladas por un presunto narcotraficante podría configurar varios delitos, dependiendo de las pruebas que se acrediten en las investigaciones:

“enriquecimiento ilícito y cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada”.

El abogado con amplia experiencia en materia penal y anticorrupción, explica que “si se demuestra que hubo sobornos o beneficios personales para funcionarios” pudieran actualizarse los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho en contra de los funcionarios públicos involucrados. 

También explicó que “si los recursos estatales se canalizan a empresas utilizadas para lavar ganancias del narcotráfico, se actualiza el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, que en el ámbito federal puede castigarse con hasta quince años de cárcel y el decomiso de bienes.

Asimismo, advirtió que “la colaboración o asociación entre empresas fachada y funcionarios públicos para obtener recursos públicos mientras se realizan actividades de narcotráfico, podría encuadrar en delincuencia organizada”, delito que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión.

La opacidad sumada a la posible infiltración del crimen organizado en los contratos públicos, podría derivar en investigaciones federales y hasta internacionales, involucrando a la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades estadounidenses.

Los mecanismos de control y supervisión de la obra pública en Tamaulipas, abre cuestionamientos, ya que el contratista no solo enfrentaba cargos en Estados Unidos por tráfico de cocaína, sino que además, contaba con antecedentes de detenciones previas por delitos contra la salud en México.

Fe de erratas (13 de agosto de 2025). En la versión original de la nota “Proveedor de obras de Gobierno de Tamaulipas, entre los extraditados a EU por narcotráfico” atribuimos erróneamente a JF Konstruyendo, S.A. de C.V. una relación con la persona recientemente extraditada a Estados Unidos. Tras una revisión documental y de verificación interna, aclaramos que JF Konstruyendo no tiene relación alguna con dicha persona: no existe vínculo societario, de representación legal ni contractual que la asocie con él. Ya corregimos el contenido y retiramos esa referencia. Ofrecemos una disculpa a JF Konstruyendo y a nuestras audiencias.

Sin embargo después de esta publicación el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, sí aceptó la relación que existió entre el gobierno estatal y Megamax, S.A. DE C.V.