En su primer año como presidenta, Claudia Sheinbaum ha llevado a México a cifras históricas en materia penitenciaria. De octubre de 2024 a octubre de 2025, la población en prisión pasó de 235 mil 461 a 255 mil 190 personas, un aumento de más de 19 mil internos en tan solo doce meses. Con ello, el país se encuentra a apenas 448 personas de superar el récord absoluto registrado en sexenios anteriores.

Este crecimiento se explica, en gran medida, por el uso intensivo de la prisión preventiva oficiosa, una medida que obliga a mantener a los acusados tras las rejas sin sentencia firme. Expertos advierten que esta práctica no ha reducido la violencia ni mejorado la seguridad, pero sí ha generado hacinamiento y condiciones críticas dentro de las cárceles.

“Las personas en una situación de pobreza, las personas indígenas, muchas personas con discapacidad, jóvenes que son criminalizados, la población de la calle. Muchas de estas personas llegan a prisión, muchas veces, sin haber cometido un delito”, señaló Sofía González Talamantes, subdirectora de Documenta.

Los datos muestran que nueve de cada diez nuevos presos no tienen sentencia. En un año, los internos procesados aumentaron en casi 18 mil, mientras que los condenados apenas crecieron en poco más de mil. Esto significa que la mayoría de quienes ingresan al sistema penitenciario aún esperan juicio, lo que refleja un problema estructural en la impartición de justicia.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido el incremento de detenciones como parte de la estrategia contra delitos de alto impacto —homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones—. Sin embargo, especialistas como Luis Tapia advierten que llenar las cárceles no equivale a resolver la violencia. “El hecho de que detengan a personas no significa que sean culpables. Avisar de la detención es simplemente iniciar el proceso contra esa persona y tiene derecho a que se siga un juicio y se respeten todas las garantías del debido proceso”, explicó.

El aumento constante mes tras mes ha provocado que las cárceles estatales enfrenten niveles críticos de insalubridad y sobrepoblación. En algunos centros, espacios diseñados para cuatro personas albergan hasta veinte, lo que genera problemas de salud y condiciones inhumanas.

En conclusión, el primer año de Sheinbaum marca un repunte histórico en la población penitenciaria, pero también abre un debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad y justicia. El reto no solo es contener la violencia, sino garantizar que el sistema penal respete los derechos humanos y no castigue de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.