San José Iturbide, Guanajuato.— El histórico aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo registrado en el municipio de San José Iturbide, catalogado por las autoridades federales y estatales como el golpe más contundente del sexenio contra el almacenamiento irregular de energéticos, se llevó a cabo en las instalaciones de una planta de Gas Natural del Noroeste, infraestructura que data del sexenio de Enrique Peña Nieto y cuyos permisos y licencias iniciales se otorgaron bajo administraciones de extracción panista en la región.

El operativo, encabezado de manera conjunta por corporaciones de seguridad federales y estatales, desató una intensa polémica técnica y política tras revelarse que el complejo intervenido forma parte de una terminal logística de almacenamiento que abastece de combustibles al Bajío. Mientras que el Gabinete de Seguridad defendió la incautación argumentando que el producto carecía de la trazabilidad y justificación legal correspondiente —acumulando más de 33 millones de litros de gasolina regular, más de 7 millones de la premium y cerca de 18 millones de diésel—, especialistas del sector energético y representantes de la industria señalaron la necesidad de esclarecer si el recinto operaba bajo un esquema de comercio exterior irregular o si se trata de una confusión con la ruta logística formal de combustibles importados.

Antecedentes e infraestructura bajo la lupa

La planta en cuestión comenzó a operar formalmente y a recibir ferro-tanques con energéticos en el marco de la apertura del mercado de combustibles durante la administración federal pasada, consolidándose como un nodo estratégico de distribución para el occidente del país.

A raíz del aseguramiento, actores políticos de distintas fuerzas han comenzado a cuestionar tanto los controles de supervisión institucional vigentes como los permisos otorgados en el pasado a empresas privadas del sector gasolinero y gasero, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo resguardo el perímetro para indagar la procedencia exacta de los millones de litros incautados y deslindar responsabilidades legales.