En distintos estados del país, periodistas y ciudadanos han denunciado que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y fiscalías estatales están siendo utilizadas para inhibir la libertad de expresión, bajo el argumento de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Especialistas en derecho constitucional advierten que esta figura legal, diseñada para proteger a las mujeres en el ámbito político, ha sido distorsionada en algunos casos, convirtiéndose en una herramienta para silenciar críticas legítimas. “Es preocupante que se utilice una norma pensada para cerrar brechas históricas como un mecanismo de censura”, señaló la jurista Andrea Sedeño.

Uno de los casos más visibles fue el del periodista Héctor de Mauleón, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó retirar una columna que abordaba presuntos vínculos entre funcionarios judiciales y redes de corrupción. Otro ejemplo es el de Karla María Estrella Murrieta, sancionada por el TEPJF tras publicar comentarios críticos en redes sociales. Ella cumplió con las medidas impuestas, pero cuestionó la falta de criterios claros en la aplicación de sanciones.

En Guerrero, el medio El Tlacolol fue acusado por el INE de inducir al voto y ejercer violencia política de género tras publicar una investigación sobre presuntas maniobras del gobierno estatal en una elección judicial. Su director, Arturo de Dios Palma, denunció que el instituto actuó con rapidez para perseguirlos, mientras ignoró otras irregularidades evidentes.

En Baja California, los periodistas Jorge Heras y Eduardo Villa enfrentaron una denuncia por mencionar en su podcast a una candidata vinculada a un caso de violencia familiar. Tras la denuncia, se les prohibió referirse a ella por nombre, bajo amenaza de sanción.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, advirtió que el acoso judicial se ha convertido en una nueva forma de censura institucional. “Las condiciones legales permiten que cualquier figura pública utilice el aparato estatal para intimidar a la prensa”, afirmó.

El constitucionalista Raúl Contreras Bustamante subrayó que órganos como el INE y las fiscalías estatales deben actuar con independencia y no como instrumentos políticos. “La libertad de expresión es esencial para la democracia. Si se vulnera, se debilita todo el sistema”, concluyó.