El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, subió el tono de la confrontación política al exigir formalmente que se inicie el proceso de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.

El líder albiazul sostuvo que la entidad no solo atraviesa una crisis de corrupción sistémica, sino un colapso total de la gobernabilidad que impide a las instituciones locales garantizar la vida y el patrimonio de sus ciudadanos, lo que obliga a la intervención directa del Senado de la República.

Durante un mensaje dirigido a los medios, Romero argumentó que la solicitud no es un recurso retórico, sino una respuesta de emergencia ante la evidencia de que el Ejecutivo estatal ha sido rebasado por las circunstancias. Para el PAN, la permanencia de la actual administración representa un riesgo para la soberanía del estado, ya que el control del territorio parece estar en manos de grupos ajenos a la ley. Esta postura se fundamenta en que las funciones básicas de seguridad, impartición de justicia y libre tránsito han quedado suspendidas en diversas zonas de la entidad.

La dirigencia panista enfatizó que el caso de Sinaloa debe analizarse bajo una lupa de urgencia nacional, pues los indicadores de violencia y la parálisis de las actividades económicas demuestran que el gobierno estatal ha dejado de existir en los hechos. Romero subrayó que la corrupción señalada por la oposición no es la única causa del desastre, sino la absoluta incapacidad de los titulares de los tres poderes estatales para ejercer sus atribuciones constitucionales, lo que encuadra perfectamente en los supuestos legales para declarar la desaparición de poderes.

Por su parte, el bloque legislativo del PAN en la Cámara Alta anunció que impulsará la creación de una comisión especial para documentar el estado de ingobernabilidad en Sinaloa. Los senadores de oposición buscan demostrar que no existe un funcionamiento normal de las instituciones y que la población se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema. Esta estrategia legislativa busca forzar un debate en el pleno que obligue a la mayoría oficialista a posicionarse sobre la situación real que se vive en el noreste del país.

El desenlace de esta petición marcará un hito en la relación entre la federación y los estados, en un momento donde la presión por resultados en seguridad es máxima. Mientras el PAN mantiene su postura de que la remoción del mando estatal es la única vía para recuperar el orden, el gobierno federal y el partido en el poder han rechazado la medida, calificándola de desproporcionada. No obstante, el reclamo de Jorge Romero pone el foco internacional sobre Sinaloa, elevando el costo político de mantener el actual esquema de mando en medio de una crisis que parece no tener tregua.