El máximo tribunal del país cierra un año marcado por profundas divisiones internas y cuestionamientos sobre la transparencia en sus resoluciones plenarias, evidenciando tensiones en la cúpula judicial.

Durante el último periodo anual de sesiones, los ministros que integran el pleno manifestaron divergencias irreconciliables en temas presupuestales, criterios de fiscalización y mecanismos de rendición de cuentas. Diversas organizaciones civiles han señalado que la falta de apertura en las deliberaciones sobre contratos y el manejo de recursos internos debilita la legitimidad institucional del órgano de justicia frente a la ciudadanía.

Especialistas en derecho constitucional advierten que la polarización en las votaciones y la resistencia a transparentar decisiones administrativas obstaculizan la esperada renovación del sistema de justicia. Ante este panorama, los sectores académicos exigen reformas estructurales que obliguen al tribunal a transparentar sus operaciones internas y a unificar sus criterios para garantizar un ejercicio jurisdiccional imparcial.