La administración estatal encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya ha clasificado como reservada la información referente al uso de las aeronaves y vehículos oficiales asignados al mandatario.

Esta medida, que restringe el acceso público a las bitácoras de vuelo y los gastos de traslado, ha generado fuertes cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno sinaloense con la transparencia y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

De acuerdo con diversas solicitudes de información realizadas mediante los mecanismos de transparencia, las dependencias estatales han negado la entrega de los reportes detallados, argumentando motivos de seguridad e integridad física del Ejecutivo estatal. Sin embargo, organizaciones civiles y actores políticos señalan que esta opacidad impide fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos, dejando en la incertidumbre si el equipo de transporte gubernamental es utilizado para fines estrictamente oficiales o se destina a asuntos personales.

La negativa a transparentar estos datos representa un evidente contraste con las políticas de gobierno abierto prometidas por la actual administración. Especialistas en rendición de cuentas advierten que el uso discrecional de la figura de “reserva de información” por supuestas cuestiones de seguridad sienta un precedente negativo, por lo que se prevé que los órganos garantes de transparencia intervengan mediante recursos de revisión para obligar la apertura y desclasificación de estos expedientes de claro interés público.