El Instituto Nacional de Migración (INM) ejecutó un cerco de opacidad para encubrir la firma de adjudicaciones directas por mil 937 millones de pesos, entregados a una red corporativa previamente señalada por irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Frente a los requerimientos de transparencia para rastrear el destino del recurso, el aparato gubernamental respondió con la entrega de más de 7 mil páginas testadas en negro, bloqueando el acceso a actas operativas y comprobantes que justifiquen el supuesto despliegue de infraestructura para albergues durante la gestión del excomisionado Francisco Garduño.

La discrepancia financiera exhibe una fractura severa en la rendición de cuentas de la dependencia federal. Mientras la versión oficial del INM únicamente reconoce la celebración de cuatro contratos por cerca de mil millones de pesos, el cruce de datos técnicos con la plataforma Compranet y los dictámenes de fiscalización revelan la existencia de al menos cinco acuerdos comerciales adicionales operados en la sombra a favor de firmas como Grupo Caufi. Este blindaje documental impide auditar la ubicación física de las instalaciones migratorias o certificar si los servicios millonarios facturados al erario fueron realmente ejecutados.

La asfixia informativa sobre el gasto público hereda una crisis institucional a la nueva administración de Sergio Salomón Céspedes, quien asume la titularidad del órgano bajo la exigencia de revisar las contrataciones de su antecesor. La maniobra de clasificar la información técnica y censurar la comprobación fiscal configura un escudo administrativo que no solo obstaculiza la trazabilidad del presupuesto, sino que consolida un esquema de discrecionalidad y presunto daño patrimonial operado al amparo de la crisis humanitaria de personas en tránsito.