La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, encabezada por Pedro Cepeda Anaya, otorgó contratos millonarios a un joven empleado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), cuyo salario oficial es de apenas 8 mil pesos mensuales.

Se trata de Jan Aleks Ibarra Castro, ingeniero de 25 años egresado del Tecnológico de Ciudad Victoria. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, con el mismo RFC aparece en su declaración patrimonial como inspector adscrito a la Procuraduría Ambiental de Seduma. Sin embargo, trabajadores de la dependencia aseguran no conocerlo, sugiriendo que podría tratarse de un “aviador”.

A pesar de ello, Ibarra Castro recibió 8 millones 857 mil 694 pesos mediante dos contratos con la Secretaría de Obras Públicas:

Adjudicación directa SOP-IE-EEP-344-23-D, por 2.5 millones de pesos, para rehabilitar oficinas de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría Técnica en Palacio de Gobierno.

Licitación pública SOP-IF-MV-074-23-P, por 6.2 millones de pesos con recurso federal, para rehabilitar caminos rurales en Bustamante.

El domicilio fiscal registrado en el padrón de proveedores corresponde a una casa habitación en la colonia popular América de Juárez, en Ciudad Victoria. Apenas un año antes de recibir los contratos, Ibarra figuraba como beneficiario de apoyos sociales en el padrón de Bienestar. También aparece inscrito como Asistente Técnico en la vertiente de Obras Comunitarias de la Sedatu, pese a que el programa prohíbe expresamente que servidores públicos participen para evitar conflictos de interés.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas (artículo 49, fracción IX), antes de celebrar contratos de obra pública debe garantizarse que el contratista no desempeñe un cargo en el servicio público que genere conflicto de interés.

El propio manual estatal sobre conflictos de interés (2024) advierte que estas prácticas pueden derivar en corrupción, abuso de funciones, desconfianza social, afectación a derechos e injusticia institucional.

Los procesos susceptibles de conflictos de interés: Adquisiciones (servicios que generan obligación de pago); Obra pública (mantenimiento, creación y destrucción de construcciones).; Recursos financieros (efectivo, líneas de crédito); Recursos humanos (reclutamiento, capacitación y pago de salario del personal); Recursos materiales (administración y distribución de bienes, insumos y servicios)” entre otros.