Un juez de control en Pacho Viejo determinó que existen elementos suficientes para juzgar al exgobernador por un presunto desfalco millonario al erario veracruzano, imponiendo prisión preventiva justificada justo cuando su defensa buscaba la preliberación.

Las aspiraciones de Javier Duarte de Ochoa de abandonar el reclusorio este año se toparon con un muro judicial este miércoles. En una audiencia maratónica celebrada de manera remota, un juez de control del distrito judicial de Xalapa dictó auto de vinculación a proceso en contra del exmandatario veracruzano, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) acusa formalmente de un nuevo desvío de recursos públicos ocurrido durante su gestión, complicando severamente su panorama legal.

La decisión del juzgador se basó en los datos de prueba presentados por el ministerio público local, los cuales apuntan a la distracción de una partida presupuestal millonaria que originalmente estaba etiquetada para obra pública e infraestructura hidráulica en la entidad. Según la investigación complementaria, estos fondos habrían sido triangulados a través de una red de empresas fantasma —el modus operandi característico de su administración— para terminar en cuentas de particulares, dejando las obras inconclusas y el dinero desaparecido.

Este fallo llega en un momento crítico para la defensa de Duarte. Abogados penalistas consultados explican que, dado que el político priista estaba cerca de compurgar la totalidad de su sentencia federal de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, este nuevo proceso del fuero común funciona, en la práctica, como un “candado” judicial. La medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por el juez garantiza que el exgobernador no podrá salir del Reclusorio Norte, aun si lograra beneficios preliberacionales en su causa federal.

Durante la audiencia, la defensa legal de Duarte intentó desestimar las acusaciones argumentando que los delitos ya habían prescrito o que se trataba de una persecución política reutilizando hechos ya juzgados. Sin embargo, la autoridad judicial desestimó estos alegatos, validando la vigencia de la carpeta de investigación y otorgando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que ambas partes deberán recabar más pruebas periciales y contables.

Con esta nueva vinculación, se acumulan los procesos abiertos en contra del veracruzano, quien ha permanecido privado de su libertad desde su extradición de Guatemala en 2017. La Fiscalía de Veracruz celebró la resolución como un paso firme contra la impunidad, mientras que el equipo legal del exgobernador anunció que apelará la decisión ante instancias federales, denunciando lo que consideran una violación sistemática al debido proceso y a los derechos humanos de su cliente.