En el Congreso del Estado de Tamaulipas se identificaron presuntas irregularidades en el manejo de la nómina legislativa, documentos internos y testimonios de trabajadores señalan la existencia de una “nómina secreta”.

El presunto registro de pagos está integrado por personas que reciben pagos mensuales como empleados del Poder Legislativo pero cuyos nombres no aparecen en la página oficial de transparencia, lo que contraviene las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El caso más destacado hasta el momento es el de la esposa del diputado local Humberto Prieto Herrera (Morena), quien aparece como beneficiaria de un salario sin que su nombre figure en los listados públicos de personal.

El responsable del manejo de la información es Victor García Juárez, titular de Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, puesto que mantiene desde la Legislatura 65 al que llegó de la mano de la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ursula Patricia Salazar Mojica y del que fue ratificado en la actual asamblea del Congreso estatal.

De acuerdo con la información recabada, la nómina oficial publicada en el portal del Congreso y transparencia muestra únicamente a trabajadores de base, confianza y asesores acreditados, pero no incluye a todas las personas que efectivamente cobran un salario.

Los datos de los recibos de pago del 2023 que se emitieron y pagaron en favor de Verónica Garza Ayala son los siguientes:

58EEF6D7-EAF3-46E9-A6CD-6B8089E9D993 con fecha del 19 de junio.

F16B98B7-D302-44F5-8395-500AE00A812D de cinco de junio.

1DC319C6-F232-4A65-ADB2-E198C1532A02 de 17 de mayo.

88495D07-587A-4502-8E80-F566A7CF13BA de cuatro de mayo.

B6ADBFF1-9508-458F-94C6-30AD989857E9 de 19 de abril.

8FEE52D1-5F92-4CD9-8FC6-9308C8620591 de seis de abril.

63219231-4F16-4F94-B4E6-12329429D410 de 21 de marzo.

21C9F781-0600-43F6-830F-E25FFAC8FB88 de seis de marzo.

878AF9D6-5CC0-441E-B514-33F785FF0616 de 20 de febrero.

FF3CF2D6-F176-44D3-B430-83B22C162923 de siete de febrero.

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT)

En información solicitada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se validaron los datos de pagos antes señalados. Cada factura es por 20 mil pesos y en las diezsuman 200 mil pesos.

Especialistas en rendición de cuentas advierten que la omisión de nombres en la nómina pública no es un error menor, sino una práctica que vulnera el derecho ciudadano a conocer cómo se ejercen los recursos del Congreso.

Además, señalan que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, deberían intervenir para verificar si se trata de un patrón sistemático de ocultamiento.

“Esta situación genera cuestionamientos sobre el posible uso de recursos públicos para favorecer a familiares de legisladores y funcionarios de alto nivel, lo que podría configurar un caso de nepotismo y opacidad administrativa. También esta discrepancia genera dudas sobre la existencia de contratos ocultos o plazas asignadas de manera discrecional. ¿Cuántos millones de pesos se están yendo en esa nómina a la que los ciudadanos no tienen acceso?, ¿quién más recibe dinero público?”.

El señalamiento sobre la esposa de Humberto Prieto se suma a versiones de que otros familiares de legisladores y operadores políticos también estarían cobrando sin aparecer en la nómina oficial.

Aunque hasta ahora no se han revelado más nombres oficialmente, la sola existencia de este caso abre la puerta a un posible esquema de privilegios y simulación laboral dentro del Poder Legislativo.

Es importante subrayar que se trata de señalamientos basados en documentos internos y observaciones ciudadanas, no de procesos judiciales concluidos. Al momento de realizar este trabajo los documentos se encontraban vigentes.