La directriz federal garantizó la interrupción del embarazo a cientos de niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual.

Al menos 800 menores de edad lograron recibir atención médica para interrumpir su gestación tras sufrir agresiones sexuales. Este registro refleja la grave incidencia de violencia contra las infancias en el país, al tiempo que evidencia la aplicación de los lineamientos de salud pública diseñados para proteger a las víctimas sin exponerlas a procesos burocráticos desgastantes.

La operatividad de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) funcionó como el mecanismo jurídico central para autorizar estas intervenciones. Este precepto federal obliga a la red hospitalaria a practicar el procedimiento médico en casos de violación sin condicionarlo a la presentación de una denuncia penal previa ante el Ministerio Público, eliminando así una de las barreras institucionales más severas.

Aunque la herramienta legal está vigente a nivel nacional, el acceso expedito aún enfrenta bloqueos operativos en diversas entidades. Colectivos de derechos reproductivos documentan que el desconocimiento del protocolo por parte del personal sanitario y la aplicación discrecional de la objeción de conciencia continúan retrasando los servicios, forzando a las menores a sortear negativas sistemáticas en momentos críticos de emergencia médica y psicológica.