El Congreso mexicano enfrenta críticas por no atender de manera efectiva la crisis de desapariciones y el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Organizaciones civiles y expertos advierten que la omisión legislativa está dejando a miles de niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia.

De acuerdo con especialistas, el reclutamiento infantil se ha convertido en una práctica sistemática de los grupos criminales. Estos aprovechan la vulnerabilidad de comunidades marginadas para sumar a menores a sus filas, ya sea como mensajeros, vigilantes o incluso en actividades de alto riesgo.

“El Congreso no ha legislado para prevenir ni sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, lo que agrava la crisis de desapariciones en el país”, señalaron organizaciones en un pronunciamiento reciente.

La falta de leyes específicas y de políticas públicas claras ha generado un vacío que, según activistas, facilita la expansión de estas prácticas. Además, la ausencia de mecanismos de protección adecuados coloca a las familias en una situación de indefensión frente a los grupos delictivos.

El problema no solo es jurídico, también es social. En muchas regiones, la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales hacen que los menores sean más susceptibles a ser captados. Esto, sumado a la violencia cotidiana, crea un entorno en el que la niñez se convierte en blanco fácil para el crimen organizado.

“La omisión legislativa es una forma de violencia institucional que perpetúa la vulnerabilidad de la niñez mexicana”, advirtieron especialistas.

Organizaciones de derechos humanos insisten en que es urgente que el Congreso actúe. Proponen reformas legales que tipifiquen el reclutamiento infantil como delito grave, además de programas de prevención y apoyo comunitario que fortalezcan a las familias y ofrezcan alternativas a los jóvenes.

La crisis de desapariciones y el reclutamiento de menores son dos caras de un mismo problema: la falta de protección efectiva para la niñez en México. Mientras no se legisle y se implementen políticas públicas sólidas, miles de niñas y niños seguirán en riesgo de ser arrebatados de su entorno y forzados a vivir en la violencia.