Durante años, la mayoría de los municipios de Tamaulipas han incumplido con las obligaciones legales que les corresponden en materia de seguridad pública, al no contar con policías municipales propias, no actualizar sus bandos de policía y buen gobierno y no destinar de manera efectiva los recursos federales asignados para este rubro. La reciente aprobación de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado busca revertir este rezago histórico y obligar a los ayuntamientos a asumir su responsabilidad constitucional.

El Artículo 11, relativo a la competencia de los municipios en materia de seguridad pública, establece de manera clara que corresponde a las presidencias municipales asistir a las mesas de paz, celebrar reuniones periódicas de seguridad, desarrollar y profesionalizar a su policía conforme a estándares nacionales y, en caso de no contar con corporación propia, coordinarse con el Ejecutivo estatal para garantizar el derecho a la seguridad e impulsar la creación de su propia institución policial.

Pese a que estas obligaciones están previstas en la ley, en la práctica numerosos municipios han operado sin policías municipales, dejando en manos del Estado tareas que constitucional y legalmente les corresponden, lo que ha debilitado la capacidad de prevención y atención inmediata del delito a nivel local.

La reforma también corrige el abandono normativo municipal al establecer la actualización obligatoria de los bandos de policía y buen gobierno, algunos de los cuales no han sido modificados en más de dos décadas, mientras que otros ayuntamientos carecen por completo de este instrumento básico para la aplicación de la justicia cívica.

Como parte del nuevo modelo, se crea un protocolo estatal de actuación de primer respondiente, que permitirá la intervención inmediata y coordinada de distintas instancias. Este esquema contempla el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado y los ayuntamientos, con el objetivo de facultar y capacitar a autoridades municipales bajo protocolos homologados.

Aunque el Artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas ya establece que la policía preventiva debe estar bajo el mando de la presidenta o el presidente municipal, la ausencia de corporaciones locales ha convertido este mandato en una disposición incumplida durante años. La reforma busca ahora hacer efectivo ese control municipal, sin romper la coordinación con el Ejecutivo estatal en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

En el ámbito financiero, la omisión también es verificable. Cada año los ayuntamientos reciben recursos del FORTAMUN, y la Federación promueve que al menos el 20 por ciento de ese fondo se destine a necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. No obstante, estos recursos no se han reflejado de forma consistente en la creación o fortalecimiento de policías municipales.

Para el ejercicio fiscal 2025, el monto que los municipios debieron destinar a seguridad pública asciende a 67 millones 360 mil 360 pesos en Victoria; 81 millones 878 mil 872 pesos en Nuevo Laredo; 133 millones 875 mil 150 pesos en Reynosa; 104 millones 401 mil 356 pesos en Matamoros; 57 millones 319 mil 336 pesos en Tampico; 38 millones 600 mil pesos en Ciudad Madero; y 20 millones 456 mil 563 pesos en El Mante.