Mujeres del mar y la tierra exigen presupuesto climático a diputados

Por: Publicado: Octubre 07, 2026

Un colectivo de mujeres pescadoras, campesinas e indígenas acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir a la Cámara de Diputados que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 asigne recursos suficientes, directos y con perspectiva de género para enfrentar los estragos de la crisis climática en las costas y el campo mexicano.

Durante un encuentro realizado en el recinto legislativo, las productoras señalaron que el diseño del gasto público continúa desatendiendo a las poblaciones rurales y ribereñas que sufren de manera cotidiana las consecuencias del calentamiento global. Con pancartas y testimonios de sus regiones de origen, las representantes comunitarias advirtieron que la falta de financiamiento específico pone en riesgo no solo la subsistencia de sus hogares, sino también el abasto alimentario de amplias zonas del país que dependen de la pesca artesanal y la agricultura de temporal.

El principal foco de las demandas se centró en el manejo del Anexo Transversal 16, la partida presupuestal formalmente destinada a la adaptación y mitigación del cambio climático. Las manifestantes y organizaciones que las respaldan acusaron que dicho rubro se encuentra gravemente distorsionado, ya que la mayor parte del dinero etiquetado suele concentrarse en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura federal y transporte ferroviario, mientras que las dependencias ambientales, los programas de conservación forestal y los apoyos al sector pesquero y agrícola reciben montos residuales que no cubren las necesidades básicas de mitigación.

En el caso particular de las comunidades costeras, las trabajadoras del mar enfatizaron que su labor trasciende la imagen tradicional del sector, pues están involucradas de principio a fin en la cadena de valor marina. Explicaron que participan desde las salidas a altamar y las faenas de captura hasta las fases de postproducción, limpieza, selección y comercialización del producto. Esta labor, subrayaron, se ha visto severamente vulnerada por fenómenos meteorológicos atípicos, el aumento sostenido en la temperatura del agua marina y la reducción en los volúmenes de captura, realidades que no son atendidas ante la ausencia de seguros climáticos, renovación de artes de pesca o fondos de contingencia para las mujeres del sector ribereño.

Por su parte, las representantes de comunidades campesinas e indígenas expusieron que las sequías prolongadas y la alteración en los patrones estacionales de lluvia han trastocado por completo los ciclos agrícolas tradicionales. Lo que antes constituía un calendario previsible de siembra a mediados de año ahora se posterga hasta meses avanzados debido a la escasez de agua, facilitando además la proliferación de plagas forestales y la propagación de incendios que arrasan hectáreas de bosques y cultivos familiares. Ante este panorama, demandaron que el gasto público reconozca los saberes locales e impulse la agroecología comunitaria con financiamiento directo gestionado por mujeres.

El reclamo encontró eco entre legisladores de la oposición que acudieron al diálogo, entre ellos la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, quien coincidió en la urgencia de abrir mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para corregir la distribución de los recursos antes de la votación definitiva del paquete económico. Durante su intervención, la legisladora remarcó la contradicción de mantener cuantiosas bolsas presupuestales en rubros de construcción que poco o nada aportan a la resiliencia ecológica, mientras los ecosistemas productivos del país enfrentan un deterioro acelerado.

Las delegadas de las distintas entidades federativas concluyeron su jornada en el Congreso con la advertencia de que la soberanía alimentaria y la justicia climática en México seguirán siendo un discurso vacío si la asignación de 2027 replica la misma estructura inercial de años previos, por lo que mantendrán la vigilancia sobre las comisiones dictaminadoras para evitar que los compromisos ambientales queden subordinados a prioridades de corte administrativo o de obra civil.