Miami se ha convertido en un escenario de contrastes. Mientras el alcalde Francis Suárez promueve el programa “EB-5” como una vía para atraer empresarios latinoamericanos que inviertan cerca de un millón de dólares y generen empleos en Estados Unidos, el estado de Florida endurece sus políticas migratorias, afectando a miles de personas que viven sin documentos.

“La existencia (del programa) como un medio de inversión en la ciudad y también para personas que, comprensiblemente, en este tipo de entorno y contexto, están preocupadas por su estatus migratorio”, expresó Suárez en un evento público. La iniciativa busca posicionar a Miami como un destino estratégico para capital extranjero, en una ciudad donde más del 70% de la población es de origen hispano.

Sin embargo, expertos como Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, advierten que las leyes migratorias vigentes en Florida pueden desalentar tanto a trabajadores esenciales como a inversionistas. En 2023 entró en vigor la Ley SB 1718, considerada una de las más restrictivas del país. Esta norma exige que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus empleados, obliga a hospitales a reportar si los pacientes son indocumentados y prohíbe aceptar licencias de conducir emitidas por otros estados a personas sin residencia legal.

Estas medidas han coincidido con un aumento en las detenciones de migrantes. El centro Krome North, en el condado de Miami-Dade, reportó una población diaria promedio de 909 personas detenidas al 2 de septiembre de 2025. Además, Florida alberga instalaciones como el “Alligator Alcatraz”, señalado por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones de hacinamiento y aislamiento.

El programa EB-5, creado en 1990, permite obtener la residencia estadounidense a quienes invierten al menos US$ 1 millón —o US$ 800,000 en zonas rurales o con alto desempleo— y generan al menos 10 empleos. Empresarios como Santiago Vanegas, del Grupo Habitat, celebran la posibilidad de convertir a Miami en un “hub” de visas EB-5, con proyectos que podrían generar hasta 400 empleos y facilitar 40 residencias por desarrollo.

Pero el programa también enfrenta críticas. Chishti señala que la falta de supervisión efectiva permite que algunos empleos prometidos no se materialicen. Aunque estudios estiman que cada inversionista EB-5 genera en promedio 47 empleos, ese número puede ser engañoso. En muchos casos, los empleos son inflados o inexistentes, y una vez obtenida la residencia, no hay obligaciones adicionales para los inversionistas.

También se cuestiona el perfil socioeconómico de los beneficiarios. El programa puede percibirse como una vía exclusiva para millonarios, lo que genera tensiones en comunidades locales. Además, muchos empresarios latinoamericanos prefieren evitar la residencia permanente en EE.UU. para no pagar impuestos sobre sus ingresos globales. Según Chishti, el EB-5 ha sido más popular entre inversionistas de India y China, donde las restricciones migratorias son mayores.

El futuro del programa en Florida es incierto. El presidente Donald Trump ha propuesto una “tarjeta dorada” para quienes inviertan más de US$ 5 millones, sin necesidad de generar empleos. “La señal es confusa”, advierte Chishti. “Cuando el propio presidente no apoya del todo el EB-5 y propone alternativas más simples para los más ricos, ¿por qué alguien se comprometería con este programa?”.