La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para julio de 2026 bajo la cláusula sunset, ha abierto un escenario de tensiones y dudas sobre el futuro de la integración comercial en América del Norte. Especialistas coinciden en que no habrá una ruptura inmediata ni una renovación automática, sino un periodo de negociaciones prolongadas, presiones arancelarias y mayor incertidumbre para la inversión en México.

Luis de la Calle, exsubsecretario de Comercio Exterior y uno de los negociadores del TLCAN, considera que la probabilidad de que Estados Unidos abandone el acuerdo es muy baja. Recuerda que incluso durante el primer mandato de Donald Trump, las amenazas de salida derivaron en una renegociación y no en una ruptura. Según su análisis, lo más probable es que en junio no se logre un consenso y la revisión se extienda hacia 2027, con revisiones anuales sucesivas.

Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana, coincide en que la falta de acuerdo este año llevaría a la creación de grupos de trabajo y evaluaciones que podrían prolongarse por varios años. Para él, el riesgo más grande es la incertidumbre prolongada, que ya ha tenido efectos visibles: en 2025 la inversión en México cayó 7 % según datos del Inegi, en gran parte por el ruido en torno al futuro del tratado y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, advierte que un horizonte de planeación corto afectaría proyectos productivos en sectores estratégicos como energía e infraestructura. Aunque reconoce que existe apoyo empresarial para mantener el acuerdo, subraya que la incertidumbre puede frenar nuevas inversiones. Oscar Ocampo, analista político, añade que las amenazas de Trump deben tomarse en serio, pues aunque suelen ser tácticas de negociación, existe la posibilidad de que se cumplan.

El escenario ideal sería lograr la extensión del tratado por 16 años, lo que daría certidumbre y eliminaría la volatilidad. Sin embargo, los especialistas estiman que esta posibilidad es poco probable en el corto plazo. De la Calle calcula apenas un 25 % de probabilidad de alcanzar este desenlace positivo, frente a un 60 % de probabilidad de que la revisión se postergue hacia 2027 y 2028.

La política estadounidense añade complejidad al proceso. Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de presión política, vinculando el T-MEC con temas como migración y tráfico de fentanilo. Para Gómez Ayala, esta estrategia se ha convertido en la “nueva regla”, mientras que Ocampo la identifica como el sello de la segunda administración de Trump. Aguirre advierte que el tratado se ha convertido en moneda de cambio y que México debe separar el ruido político de las mesas técnicas para lograr avances.

El peor escenario para México sería perder el acceso preferencial al mercado estadounidense y tener que exportar bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, enfrentando aranceles generales y nuevas medidas sanitarias. Esto afectaría gravemente a la economía nacional, dado que más del 80 % de las exportaciones mexicanas dependen de Estados Unidos. Aunque el costo político y económico para el vecino del norte también sería alto, los especialistas coinciden en que México tiene más que perder en una ruptura total.

La revisión del T-MEC se perfila como un proceso complejo y prolongado, donde la incertidumbre será el factor dominante. México deberá equilibrar la defensa de su soberanía en sectores estratégicos con la necesidad de mantener un marco confiable para la inversión y el comercio, en un entorno marcado por presiones políticas y económicas que trascienden lo meramente